Colombia


Reducen de 19 a 16 años la pena en contra del exmagistrado Francisco Ricaurte

El Tribunal Superior de Bogotá determinó que el delito de tráfico de influencias prescribió. Esto en medio del escándalo conocido como ‘el cartel de la toga’.

COLPRENSA

15 de diciembre de 2021 03:05 PM

El Tribunal Superior de Bogotá, en un fallo de segunda instancia, mantuvo parcialmente la pena que se surte en contra del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, por delitos relacionados con el denominado ‘cartel de la toga’, en donde varios funcionarios torcieron procesos judiciales para favorecer a diferentes aforados.

La jurisprudencia mantuvo los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y utilización de información privilegiada contra Ricaurte, no obstante, determinó que el delito de tráfico de influencias prescribió.

Lo anterior implica que se sustituye la pena en contra del exmagistrado y pasará de pagar 19 años y dos meses de prisión, a pagar 16 años y cuatro meses. Así mismo, se negó la petición de que la condena fuera purgada en prisión domiciliaria, por lo que Ricaurte deberá seguir en la Cárcel La Picota.

En la lectura de sentencia, quedó claro que Ricaurte “y sus compañeros de andanzas, acudieron a maniobras subrepticias para aprovechar esa complejidad y lograr que se emitieran decisiones a su conveniencia”.

El Tribunal acogió los argumentos de la Fiscalía y aseguró que se probó técnicamente y a través de testimonios, que Ricaurte lideró una organización criminal que recibió al menos en tres oportunidades sobornos para tergiversar las investigaciones adelantadas contra congresistas y ex gobernadores.

En concreto por interferir en expedientes judiciales que avanzaban en la Corte Suprema en contra de los excongresistas Álvaro Ashton Giraldo, Musa Besaile Fayad y Julio Manzur Abdalá por ‘parapolítica’. Así como los de los exgobernadores Alejandro José Lyons Muskus, de Córdoba, y Juan Carlos Abadía, del Valle del Cauca, quienes eran procesados por corrupción y cuyas investigaciones estaban en cabeza de la Fiscalía.

“La organización delincuencial conociendo el manejo interno de los casos que se tramitaban buscaban torcerlos, de cara a lograr lo prometido a sus clientes o por lo menos se aprovechaban de la información que tenían a su alcance para ese objetivo”, manifestó el magistrado.

La sentencia del Tribunal es enfática en afirmar que hubo encuentros de Ricaurte con congresistas en su propia casa, conversaciones telefónicas con personas que estaban siendo investigadas por la Sala Penal de la Corte y filtraciones de información.

Así mismo, durante la audiencia, el Tribunal resaltó que el testimonio de Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción ligado a este caso, fue importante y da cuenta de cómo se presentaron los hechos, además, que sus aseveraciones son creíbles y evidencian las reuniones que tuvo Ricaurte con aforados para favorecerlos sus procesos, además, que “nunca existió un interés perverso por parte del condenado exfuncionario para incriminar al expresidente de la Corte”.

Según el magistrado del tribunal, “la experiencia advierte que cuando una persona decide asumir las consecuencias de reprochables acciones por delitos graves y se autoincrimina, afecta no solo su situación penal, social y familiar, sino que también demuestra que busca decir la verdad”.

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En la audiencia también se mencionaron algunos de los supuestos miembros del ‘cartel de la toga’ como los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos y Camilo Tarquino, quienes hoy se encuentran enfrentando procesos judiciales por este caso e insisten en su inocencia, y el exmagistrado Gustavo Malo, ya condenado por estos hechos.

Así entonces, se determinó que se pudo demostrar, más allá de cualquier duda razonable, que Ricaurte “actuó con dolo directo y que dadas las condiciones de la conducta, denotan su gravedad por alguien que ocupaba una posición distinguida en la sociedad y precisamente en la cúspide de una de las ramas del poder más importante del país que es la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura del cual fue su presidente”.

La defensa, la Fiscalía y el Ministerio Público tienen cinco días para definir si esta decisión vuelve a ser apelada y presentar el recurso de casación.

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