Dos años antes de que se expidiera la nueva Constitución de 1991, Colombia era prácticamente un Estado fallido, sin control del Estado sobre buena parte de su territorio, agobiado por el narcotráfico, los paramilitares y la guerrilla, con tres candidatos presidenciales asesinados el mismo año y aparentemente sin salidas institucionales para resolver la situación.
Iván Marulanda, hoy senador, pero en ese entonces miembro del Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán, recuerda que el país estaba sumido en una ola de terror: “Estaban asesinando ciudadanos en la calle con carros bombas, policías ejército, jueces, periodistas y políticos”.
Pese a que había un consenso generalizado de que era indispensable una reforma constitucional para salir de la crisis, todos los intentos se terminaban estrellando contra la rigidez de la Constitución de 1986 y una clase política que en muchos casos respondía a intereses oscuros.
“En el país se habían hecho muchos intentos de reforma a la constitución y habían terminado en frustración. Se hizo el intento en el gobierno de Barco de hacer una gran reforma constitucional, en ese lapso del 86 al 90 que estábamos impulsando con Galán en el Senado. Sin embargo, en el proceso mataron a miles de personas de la Unión Patriótica en todo el país luego asesinaron a Luis Carlos Galán, a dos senadores más, a Bernardo Jaramillo, candidato presidencial, y a Carlos Pizarro”.
Según Marulanda, que después fue constituyente, “en ese momento de muerte y desesperanza de total tristeza, que se sentía que el país era un fracaso, apareció la idea en la voz popular de una asamblea. Esa fue la única chispa de esperanza que se sembró en el corazón colombiano para refundar el país y empezó a coger fuerza. El presidente Barco adoptó la séptima papeleta en la elección de Congreso en el 90, y eso le dio el origen muy informal, si se quiere, porque eso no estaba en la Constitución de esa época, pero en esas condiciones de frustración y desesperanza lo que dijo Barco abrió un camino de esperanza. Una idea de volver a fundar a Colombia, un país donde pudiéramos todos acordar por las buenas y cupiéramos todos sin matarnos”.
La convocatoria a una nueva asamblea constituyente fue una idea que nació entre los grupos estudiantiles del país. El único mecanismo de reforma que contemplaba la constitución de esa época era que los cambios a la carta política se hicieran a través del Congreso y como ya se habían pasado múltiples reformas sin aprobación la sociedad exigía un cambio.
El cambio fue una papeleta adicional depositada en las elecciones del 11 de marzo de 1991 en la que se leía: “VOTO POR COLOMBIA SÍ A UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE cuya integración represente directamente al pueblo colombiano con el fin de reformar la constitución Nacional”.
Tal como lo recuerda Fabio Villa Rodríguez, también constituyente, “en esa época en los puestos de votación a uno no le entregaban ninguna papeleta, cada partido o candidato tenía que imprimir sus papeletas, es decir no habían tarjetones electorales eso es una cosa que creó la constitución del 91, en esa época si yo quería ser concejal tenía que imprimir las papeletas y repartirlas en todos los puestos de votación y habían pregoneros que se les pagaba por hacer ese oficio”.
Según recuerda, “en el caso de la séptima papeleta como nosotros no teníamos plata, ni como imprimir nada, le pedimos a todos los partidos que imprimieran papeletas, le pedimos a los periódicos que las imprimieran, que la gente fotocopiara la papeleta, una papeleta hecha por los periódicos, fotocopiada por la gente, por los candidatos, precisamente porque en esa época en las urnas a uno no le regalaban las papeletas”.
Después de una amplia discusión acerca de si la papeleta era legal o no, si se debía o no contar, el presidente decidió convocar elecciones para elegir a los asambleístas. El 9 de diciembre de 1990, después de una campaña electoral que se hizo rápido y muchas veces con muy pocos recursos varios candidatos de partidos políticos y movimientos sociales fueron elegidos para conformar el grupo de 70 constituyentes que venían de todas partes del país y de todos los orígenes.
Antonio Navarro Wolf, sostiene que “en esta elección la gente votó con libertad no hubo interferencia de los grupos clientelistas, fue una constituyente elegida con libertad e independencia que después pudo sesionar con la misma libertad”.
De hecho la página web de la Asamblea Nacional Constituyente, creada por el Banco de la República, indica que “los elegidos venían de partidos tradicionales y recién nacidos, de gobiernos indígenas y de cátedras universitarias, de la literatura y del fútbol. Se organizaron en cinco comisiones y trabajaron durante cinco meses en el centro de convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada. Los debates de la Asamblea demostraron que la democracia sí aguantaba la discusión entre contrarios y la construcción consensuada de un mejor país. El resultado fue una Constitución que robusteció la democracia al entregarle al ciudadano más herramientas para su participación, afianzó la descentralización, consagró los derechos económicos, sociales y culturales, señaló los recursos de primordial conservación, concibió una estructura de pesos y contrapesos, le dio autonomía al Banco de la República y creó instituciones como la Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional, entre otras”.
Eduardo Verano de la Rosa, quién también participó en la construcción de la nueva carta política, indicó que “las sesiones duraron 5 meses: el primero fue de intercambio de opiniones sobre el futuro del país, luego se conformaron 5 comisiones que elaboraron unos proyectos de articulado en diferentes temas en el tema de derechos, ordenamiento territorial, justicia, el tema económico, el tema ambiental cada uno tuvo su trabajo y después en plenaria todo duró 5 meses, se hacía una votación prácticamente palabra a palabra, fue un debate de mucha elaboración colectiva”.
El balance, 30 años después
La constitución política, luego de ser proclamada, dejó la puerta abierta para que el constituyente derivado, es decir el Congreso, en donde están representadas todas las fuerzas políticas del país, cambiara algunos artículos, es así como hasta el 2019 habían sido aprobadas 48 reformas a la carta política y se dice que en el 2021 ya superaron las 53.
El trámite para cambiar la constitución es engorroso, el acto legislativo tiene que ser discutido dos veces en cada comisión y dos veces en cada una de las plenarias, lo que garantiza el debate. Además la Corte Constitucional hace un control que permite avalar o no las reformas que aprueba el Congreso.
Sin ir más lejos el año pasado el legislativo colombiano decidió cambiar el artículo 34 de la carta política para instalar la prisión perpetua para violadores de niños en el país. Algunos de los cambios que se le han hecho en estos 30 años a la Constitución han sido polémicos e incluso han trascendido en el tiempo. Un ejemplo es el “articulito” que, a través del acto legislativo 02 de 2004, permitió la reelección presidencial de Álvaro Uribe y posteriormente Juan Manuel Santos. Años más tarde el mismo Estado echó para atrás esa reforma, para volver a un periodo presidencial de cuatro años sin posibilidad de reelección.
Iván Marulanda sostiene que “a la Constitución le han hecho muchos cambios, la vieja clase política no quiere la Constitución y nunca la quiso, ellos no la habían querido cambiar porque no les interesaba. A pesar de los cambios que se le han hecho la carta política está intacta, está virgen. A la vieja clase política no le ha servido de nada porque no les interesa, ellos han utilizado esta constitución para lo que usaban la anterior y es gobernar en el marco de arbitrariedad con el que lo han hecho toda la vida y a ellos no les va ni les viene que haya una constitución democrática y pluralista”.
Según dice, “en el momento que a Colombia lleguen unas fuerzas auténticamente democráticas al poder van a tener en esa carta, en esa constitución un instrumento extraordinario para construir un país moderno, un país democrático y un país pacífico, la constitución no la han utilizado por eso digo que está virgen”.
A su turno, Antonio Navarro Wolf sostiene que “lo más importante que nos dejó la constitución fue la definición de Colombia como un Estado Social de Derecho eso se ha aplicado muy parcialmente porque no ha sido prioridad para los gobiernos y para los congresos en estos 30 años. Sin embargo, la Constitución sigue siendo un punto de unidad para quienes quieran una mejor Colombia”.
Así mismo, sostiene que en estos 30 años “se ha avanzado, pero se hubiera avanzado mucho más si se hubiera priorizado el cumplimiento de la constitución desde el principio, sin lugar a dudas se ha ido avanzando, poco a poco, más despacio de lo que quisiéramos pero ha habido avances en la participación de los ciudadanos, la democracia participativa fue uno de los avances más importantes de la constituyente”.
Según Eduardo Verano, “la constitución hubo mucha gente que la critica pero se ha mantenido. Yo creo que lo que hay es que utilizar la constitución y darle la posibilidad para que los artículos sean desarrollados plenamente a través de las normas que tienen que dar cabida a su pleno desarrollo, Ahí está el país escrito y definido y ojalá se le siga dando la oportunidad que necesita para su cumplimiento”.
El exconstituyente sostiene que “hay muchas cosas que faltan por desarrollar como el capítulo de ordenamiento territorial y cosas a las que se les ha sacado el cuerpo. Por ejemplo en el asunto de la repartición de recursos, dos veces se ha modificado la constitución para no cumplir con uno de los aspectos más importantes que fue que las transferencias de los ingresos corrientes de la nación debían llegar a un 46% y se ha mantenido en un 26% de lo aprobado. Ese ha sido uno de los temas que no se han cumplido.
Fabio Villa Rodríguez en ese sentido dice que la mayoría de reformas que se le han hecho a la Constitución son regresivas y atentan contra el espíritu de la norma. “Voy a hablar de una sola, la reforma al régimen de transferencias, la constitución en los artículos 356 y 357 estableció que la nación debería mandar hasta el 46% de los ingresos corrientes partiendo de un 26%, hoy 30 años después estamos por debajo del 26% no solo no hemos crecido en transferencia sino que el centralismo ha disminuido la cantidad de recursos que se mandan en los territorios para seguir concentrando en Bogotá el poder político y las decisiones públicas”.
Asegura que “en Colombia ha faltado voluntad política para implementar la Constitución. Hay muchos aspectos que no se han estrenado. El derecho a la gente a vivir bien que es lo más importante de la constitución, con salud, trabajo, vivienda en un país democrático, donde los jóvenes tengan futuro eso no se ha implementado. La realidad es que la constitución está bien hecha, tiene defectos, como toda obra humana, en relación al régimen económica, en la organización de las fuerzas armadas, el presidencialismo asfixiante de este país que no pudieron cambiarse porque en la constituyente había gente de todos los partidos y los representantes del establecimiento eran mayoría”.
Villa concluye diciendo que con la constitución “había que construir un país para la paz y la verdad es que estos 30 años el país está manejado por gente que no quiere la paz, por gente que no quiere cambios en el régimen de privilegios de Colombia. Si se quiere aplicar la constitución del 91 hay que tener un régimen político que crea en la Constitución, definitivamente lo que hemos tenido hasta ahora no solo es gente que no cree en la constitución sino gente que la quiere acabar”.