La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal de una cuantía superior a $24.315 millones por irregularidades en dos contratos para construir 909 viviendas en Mocoa (Putumayo).
Los contratos se derivaron de un convenio administrativo que celebró en el marco de la declaratoria de emergencia luego de la avalancha del 31 de marzo de 2017. Las irregularidades se cuentan en más de $18.566 millones que no se ejecutaron.
Adicionalmente, como no se entregaron oportunamente las viviendas del proyecto, el Sauces II, se causó un detrimento patrimonial “por la prolongación en el pago de subsidios que se han tenido que continuar reconociendo a los damnificados”, explicó la Contraloría. Lea: Odebrecht: fiscalía pide imputar a directivos brasileros así no estén presentes
Ese daño patrimonial supera los $5.758 millones. Como presuntos responsables, el ente de control vinculó al exdirector interino de la UNGRD desde abril de 2022, Fernando Carvajal Calderón, y el exdirector entre 2018 y 2022, Eduardo José González Angulo.
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Javier Pava Sánchez, Luis Fernando Velasco Chaves —hoy ministro del Interior— y Olmedo López Martínez —quien salió de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo luego del escándalo de compra de carrotanques en La Guajira— también fueron cobijados por la decisión. Lea: Falleció el general (r) Ricardo Díaz, quien denunció irregularidades en el Gobierno
Entre otros que podrían ser responsables en la pérdida del dinero aparecen Gerardo Jaramillo Montenegro, secretario general entre 2015 y 2020 y director encargado desde 2020, y Juan Carlos Orrego Campo, subdirector de la UNGRD entre 2018 y 2020.
“Este proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en un hallazgo detectado por la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico en una Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial”, concluyó el ente de control