Se desencadenó un nuevo conflicto relacionado con la adjudicación del contrato de licitación de pasaportes que asciende a los 599.000 millones de pesos.
Esto se debe a que la compañía Thomas Greg & Sons planea solicitarle al Ministerio de Relaciones Exteriores que le adjudique el contrato o, de lo contrario, exigirá una compensación económica que asciende a los 117.000 millones de pesos.
Esta petición hará parte de una solicitud de audiencia de conciliación extrajudicial que presentó la unión temporal de empresas de la que hace parte Thomas Greg & Sons, después de que el gobierno de Gustavo Petro declaró desierta la licitación para la fabricación de pasaportes.
Después de esa decisión del Gobierno de frenar la licitación para no adjudicar contratos a ofertas que solo tengan un proponente, esta multinacional reclama una reparación económica alegando que por este conflicto administrativo sufrió un daño reputacional. Lea aquí: Gobierno prolonga contrato de expedición de pasaportes, pero abrirá licitación
En ese sentido la multinacional británica tiene previsto solicitar una compensación de 107.000 millones de pesos y 10.000 millones de pesos adicionales por el daño reputacional que aseguran haber sufrido por cuenta de esta situación.
Thomas Greg & Sons busca un acuerdo para que se declare nula la resolución 7485 de 2023, con la que se declaró desierta la licitación pública, y en caso de no llegar a buen término tienen previsto radicar una demanda para buscar esa nulidad de la resolución.
Parte del documento emitido por Thomas Greg.
¿Por qué se declaró desierta la licitación?
El canciller Álvaro Leyva anunció el pasado 13 de septiembre que se declaraba desierto el proceso de licitación para la elaboración de pasaportes en el país, lo que generó preocupación y desencadenó largas filas para solicitar este documento en diferentes ciudades del país. Le puede interesar: Este es el pico y cédula del 23 al 27 de octubre para sacar pasaporte
“Mientras se surte el nuevo proceso de contratación se declarará el estado de urgencia manifiesta para garantizar la continuidad del servicio, en atención al artículo 42 de la ley 80 de 1993”, aclaró el canciller.
Ante esto, la Contraloría General le advirtió al Fondo Rotatorio de la Cancillería por el inminente riesgo de “una intermitencia o hasta una parálisis en la prestación del servicio público de expedición de pasaportes, tanto en el territorio nacional como en el exterior”.
“Se insta al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para que en el ejercicio de la licitación pública referenciada adopte todas las medidas necesarias y aplique los recursos legales que disponga a efectos de evitar que se materialice un posible detrimento patrimonial al estado y se cumpla con el objeto de la contratación, que en este caso obedece a una necesidad de alto impacto social”, expuso la Contraloría.
Pero en medio de este ruido e incertidumbre, el lunes 2 de octubre se conoció que la Cancillería decidió ampliar el contrato para la expedición de pasaportes con la compañía involucrada en el lío administrativo, Thomas Greg & Sons, por un año más.