En la antesala del partido entre Junior de Barranquilla y Cerro Porteño por la Copa Libertadores, doce hinchas del equipo colombiano fueron detenidos en Asunción, Paraguay, tras protagonizar disturbios en distintos puntos de la ciudad.
Los incidentes se registraron entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en inmediaciones de la Estación de Buses, donde un grupo de aficionados se vio involucrado en enfrentamientos con la Policía y alteraciones del orden público. Lea: Así llega Real Cartagena al duelo ante Patriotas: bajas, novedades y objetivo claro
Según reportes oficiales, los disturbios incluyeron agresiones en bares y espacios públicos.
El partido entre Cerro Porteño y Junior está programado para este martes a las 5 de la tarde en el estadio Ueno La Nueva Olla de Asunción, Paraguay.
Uno de los hechos más graves fue la agresión a un agente policial, quien recibió una patada en el pecho durante una gresca inicial.
Posteriormente, la situación escaló con nuevos enfrentamientos, en los que algunos hinchas lanzaron piedras contra los uniformados, obligando a las autoridades a intervenir con balines de goma para dispersar a los implicados.
Las autoridades confirmaron la detención de varios ciudadanos extranjeros, en su mayoría colombianos, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.
Además, se reportó al menos una persona herida como consecuencia de los enfrentamientos, lo que aumentó la preocupación por la seguridad en la previa del compromiso internacional.
De acuerdo con los informes, los aficionados habían llegado a Paraguay tras una larga travesía terrestre desde Colombia para acompañar a su equipo en este importante encuentro continental, programado en el estadio La Nueva Olla de Asunción. Lea: Masters de Augusta: Rory Mcllroy se enfundó la chaqueta verde por 2° vez consecutiva
Se prenden las alarmas
Este episodio vuelve a encender las alarmas sobre la violencia asociada al fútbol en la región, especialmente en torneos internacionales, donde el desplazamiento de hinchas entre países suele implicar retos adicionales para las autoridades en materia de seguridad y convivencia.

