El litigio entre el Estado colombiano y Gas Natural Fenosa, por la inversión en la antigua Electricaribe, la electrificadora que hasta el año pasado fue el operador del servicio de energía eléctrica en siete departamentos del Caribe colombiano, podría llegar a su fin este 15 de marzo.
Este caso, que se ventila en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), en Washington, definirá las pretensiones de los inversionistas españoles, que reclaman a Colombia más de 1.500 millones de dólares por supuestas “violaciones al estándar de: trato justo y equitativo; protección y seguridad plenas; principio de trato nacional y expropiación”.
En la citada audiencia el equipo de defensa de Colombia, liderado por profesionales que asignó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se concentró en demostrar que Electricaribe se encontraba en una precaria situación financiera, que le impedía prestar el servicio de energía eléctrica en los 7 departamentos de la Costa Caribe. Colombia demostró que fue necesario intervenir a Electricaribe, para garantizar el suministro de electricidad en la Región Caribe y prevenir que se desarrollara una crisis financiera en el sector de energía eléctrica en Colombia, señaló la entidad oficial.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó, a finales del año pasado, una contrademanda en contra de Gas Natural por los perjuicios ocasionados al país como resultado de la mala gestión de Electricaribe, fundamentada en:
1. Colombia ha tenido que canalizar un monto considerable de recursos a Electricaribe durante la intervención para asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica en la región.
2. Las deficiencias del servicio de Electricaribe impactaron de manera adversa la industria y desarrollo de la Región Caribe, con la consecuente menor productividad y menor pago de impuestos, entre otros efectos.
El valor estimado de la reclamación de Colombia asciende a los 1,7 billones de pesos, incluyendo intereses.
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