Las empresas generadoras de energía eléctrica en el país pusieron literalmente el grito en el cielo. En desarrollo de la Emergencia Económica, el Gobierno nacional expidió el Decreto 044 de 2026 que introduce nuevos tributos a la generación de energía eléctrica y que a juicio de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) generan serias afectaciones a la estabilidad financiera del sector y a la credibilidad del marco institucional. Además, califican el decreto como “confiscatorio” y que “pone en riesgo la sostenibilidad del sector eléctrico”.
El primero de los tributos corresponde a una contribución parafiscal destinada al fortalecimiento del Fondo Empresarial, a cargo de las empresas generadoras, calculada sobre la utilidad antes de impuestos. El recaudo estimado de esta medida asciende a cerca de $300 mil millones, lo que implica una afectación directa y desproporcionada sobre las utilidades de las compañías del sector, sostiene Andeg. (Lea aquí: ¿Cómo se afectarían las relaciones comerciales entre Bolívar y Ecuador?).
Esta contribución resulta especialmente grave si se tiene en cuenta que los generadores, en particular los térmicos, mantienen acreencias con la empresa intervenida Air-e del orden de $1,2 billones, a la que se intenta salvar con la medida. A esa deuda se suman aproximadamente $500 mil millones correspondientes a obligaciones con el resto de la cadena.
El Decreto 044 de 2026 resulta confiscatorio y presenta serios vicios de ilegalidad, toda vez que compromete la suficiencia financiera de los agentes generadores y les traslada la carga de asumir deudas que no les corresponden...“:
Andeg
Para Andeg, “en la práctica, el Decreto obliga a los generadores a contribuir al pago de su propia deuda, situación que vulnera la suficiencia financiera del esquema de prestación del servicio, desincentiva la inversión y deteriora la confianza en las instituciones”.
Más cuestionamientos al Decreto 044
Adicionalmente, el Decreto 044 establece una contraprestación tributaria transitoria en energía a cargo de los generadores hidráulicos que participan en el Mercado de Energía Mayorista. Esta consiste en la entrega de un porcentaje de la energía efectivamente vendida en bolsa, con destino a garantizar la continuidad del servicio en las empresas intervenidas, a cambio de un descuento en el impuesto de renta.
El gremio de los generadores insiste en que “esta medida introduce distorsiones en el modelo de prestación del servicio de energía eléctrica, al establecer cruces de cuentas que no ofrecen una solución estructural ni sostenible a la problemática de Air-e en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, luego de más de 17 meses de intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Por esto, Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, afirma que “el Decreto 044 de 2026 resulta confiscatorio y presenta serios vicios de ilegalidad, toda vez que compromete la suficiencia financiera de los agentes generadores y les traslada la carga de asumir deudas que no les corresponden. En el caso de las plantas térmicas, estas medidas agravan el riesgo sistémico y ponen en peligro la continuidad del servicio de energía en el país”.
Así mismo, señala que “es fundamental una actuación pronta de la Corte Constitucional en la revisión del Decreto 1390 de 2025 y, en particular, del Decreto 044 de 2026, dados sus efectos nocivos sobre la sostenibilidad del sector eléctrico y la credibilidad del marco institucional que ha garantizado la confiabilidad del sistema durante décadas”. (Lea aquí: Terminal de Cartagena crece en pasajeros, pero no alcanza niveles de prepandemia).