La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra Enel Colombia, Aes Colombia y Celsia Colombia por “conductas tendientes a limitar la libre competencia económica en el Mercado de Energía Mayorista”.
La indagación surgió como parte de una “investigación técnica y económica de alta complejidad”, a partir de una denuncia hecha por el Ministerio de Minas y Energía en enero de 2022, “relacionada con presuntos incrementos significativos en el precio de la energía eléctrica”. Le puede interesar: Ministerio de Minas y Energía ordena a operadores reportar proyectos en trámite
La voz de alerta condujo a la SIC a recopilar información “técnica, económica y regulatoria” para lo cual acudió a expertos del sector con el propósito de dilucidar si la denuncia estaba bien encaminada, lo que llevó a identificar “indicios” de que las tres empresas “habrían presentado de manera reiterada ofertas de precio en la Bolsa de Energía que se apartarían sustancialmente del costo de oportunidad del recurso hídrico”.
“Las generadoras investigadas habrían presentado de manera reiterada ofertas de precio significativamente elevados sin que, en principio, se advierta una justificación económica, técnica u operativa suficiente que explique dicho comportamiento”, advirtió la Superintendencia.
Más detalles de la investigación de la SIC
Uno de los hechos que llamó la atención en el marco de las averiguaciones es que las plantas de generación de energía que estaban ligadas a las ofertas en el mercado tenían “niveles de almacenamiento de agua iguales o superiores al 90% de la capacidad útil de sus embalses”, lo que significaría que las ofertas debían estar acordes con esa circunstancia, a menos que existieran argumentos técnicos, económicos y operativos para justificar “un comportamiento diferente”.
“La Superintendencia no habría encontrado elementos suficientes que expliquen tales diferencias, razón por la cual considera procedente adelantar la investigación administrativa correspondiente para determinar si dichos comportamientos constituyeron una infracción al régimen de protección de la libre competencia económica”, precisó la SIC.
La Superintendencia explicó que estas presuntas conductas habrían podido “afectar el proceso competitivo mediante el cual se forma el precio de la energía en la Bolsa”, donde se fija el valor de oferta y demanda del sector. Esos precios son referencia para la compra de energía de las comercializadoras, lo que afecta el valor que pagan los usuarios.
Para la SIC estas presuntas conductas “habrían podido reducir la participación de generación hidráulica en el despacho, favorecer el ingreso de tecnologías con mayores costos relativos e introducir señales de precio que no reflejarían las condiciones objetivas de disponibilidad del recurso hídrico”.
Si se comprueba que hubo tales acciones se habría afectado “la eficiencia económica del mercado y el bienestar de consumidores, empresas y demás agentes que participan en el sistema eléctrico colombiano”.