La empresa de generación y comercialización de energía Isagen, dueña de 19 centrales de generación en el país, que le aportan a la canasta energética colombiana cerca de 3.000 megavatios (MW), insistió en que el Gobierno adopte políticas de largo plazo y decisiones de coyuntura para solucionar la problemática de las tarifas de energía en el país. (Lea aquí: Declaran oficialmente el fenómeno de El Niño a nivel mundial).
“Hemos llegado a esta situación de tarifas por una combinación de situaciones de coyuntura. Conocidos son los retrasos de Hidroituango y de los proyectos eólicos de la Guajira, que han impactado dramáticamente la oferta disponible. A su vez dentro de lo coyuntural encontramos el actual fenómeno de ‘El Niño’, el crecimiento de la demanda y la actualización de las tarifas luego del periodo de suspensión de incrementos por la pandemia”.
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La compañía precisa que “las empresas de generación no vivimos de las ganancias extraordinarias atípicas en la Bolsa de energía. Nuestra sostenibilidad consiste en operar activos a largo plazo bajo un mercado en competencia y con reglas estables”.
Ante ese panorama, Isagen ha propuesto que el porcentaje de precio de Bolsa correspondiente a condiciones atípicas de mercado sea aportado directamente a un Fondo del Gobierno, destinado a un subsidio de precio para los más vulnerables. También ha propuesto la realización de unas subastas de contratos a largo plazo bajo la figura de pague lo generado, para que las distribuidoras más expuestas a los precios de Bolsa se protejan de la volatilidad.
Soluciones para la coyuntura
Abordar la solución modificando improvisadamente el marco normativo como propone la Resolución 701 de la CREG ( en discusión cuando se editó esta nota), no contribuirá a solucionar la problemática. La mencionada norma establece que toda la generación asociada a los volúmenes de caudal ambiental que sea vendida en Bolsa no sea remunerada al generador, un precedente inquietante que de facto equivale confiscar un ingreso esperado y modelado a la hora de efectuar las inversiones, señala Isagen.
Agrega que “igualmente, preocupante es el interés en modificar el funcionamiento de la CREG, piedra angular de la institucionalidad sectorial, restándole independencia y rigor a su proceso decisorio. Estas propuestas, en nada apuntan a solucionar los problemas de coyuntura mencionados y si afectan las expectativas de los inversionistas impactando directamente las expansiones que por cerca de $7 billones anuales angustiosamente requiere el país”.
“El marco regulatorio del sector eléctrico y la institucionalidad sectorial le han permitido a Colombia pasar de 11 GW de potencia instalada a más de 21 GW, ha canalizado inversiones particulares que a valor presente representan más de 134 billones de pesos y avanzar hacia un servicio casi universal, 70% renovable y altamente confiable. Nuestra invitación al Gobierno es a construir soluciones a la crisis mediante decisiones que efectivamente se traduzcan en impactos certeros y de corto plazo, manteniendo el vigor de la expansión eléctrica en el país”, dice Isagen. (Lea aquí: Fenómeno de ‘El Niño’: GNL, combustible que garantiza la generación térmica).