Conozca lo que pide Cartagena para afrontar la crisis del COVID

25 de junio de 2020 12:00 PM

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Transferencias monetarias a la población más vulnerable durante al menos 9 meses, un plan de salvamento empresarial, un plan de reactivación económica estructurado y coordinado; la aceleración de la inversión pública nacional y territorial; y la recuperación de la competitividad del turismo, son las cuatro prioridades que Cartagena le pide al país y al Gobierno nacional para afrontar la crisis del COVID-19.

Gremios, Cámara de Comercio, centros de estudios económicos, universidades, las asociaciones de bares, guías de turismo, el bureau, autoridades distritales y departamentales le reiteraron al país la necesidad de darle un tratamiento especial a la ciudad en el manejo de esta crisis y en un documento conjunto titulado ‘SOS por Cartagena’, que ayer mismo se disponían a enviar al jefe de Estado, Iván Duque Márquez, resumen las peticiones urgentes para atender la emergencia social y económica que la pandemia ya deja en Cartagena y Bolívar.

Vivian Eljaiek, la gerente de la Andi en Bolívar, uno de los gremios firmantes de la propuesta, señaló que este documento, a diferencia de los anteriores, lo que ha buscado es priorizar las necesidades más urgentes del territorio, y evitar la dispersión de los esfuerzos.

La situación que más preocupa a los firmantes de este documento es la de las familias más vulnerables que al no poder desarrollar ni siquiera actividades informales,por culpa de la pandemia, no tienen forma de obtener ingresos. Por ello se pide al Gobierno nacional “Destinar una bolsa nacional de recursos que permita hacer transferencias directas a esta población vulnerable por los próximos nueve meses”.

Lo que pide Cartagena

1- Transferencias monetarias a la población en condición de vulnerabilidad: allí se incluyen vendedores informales, trabajadores independientes y quienes han quedado cesantes, especialmente del sector turismo, a causa del COVID19; ampliando la cobertura y aumentando los montos de los programas existentes. Para ello se pide destinar una bolsa nacional de recursos que permita hacer transferencias directas a esta población vulnerable por los próximos nueve meses, garantizándoles el mínimo vital; teniendo en cuenta que el principal sector económico al que pertenecen los trabajadores informales y la población desempleada en la coyuntura COVID, que es el turismo, sector que será el último en reactivarse según las predicciones mundiales (finales del 2021).

2- Plan de Salvamento Empresarial: para evitar la mortandad empresarial y la pérdida de empleo, así como garantizar su sostenibilidad durante el proceso de reactivación a través de créditos, subsidios y alivios financieros, en los sectores más afectados. Se pide garantizar el 100% de los créditos a Mipymes, con periodos de gracia de interés y capital mínimo de 24 meses, 8 años de duración, DTF + 0%, creando una bolsa específica para la ciudad, teniendo en cuenta que el turismo y las actividades conexas serán los últimos sectores en reactivarse; y de esta forma evitar la mortalidad empresarial; establecer un subsidio del 100% del valor de las nóminas entre 4 y 5 salarios mínimos para empresas del sector turismo con disminución de ingresos superiores al 80% en la vigencia del 2020, con un desmonte gradual en función de los resultados de la reactivación, entre otras acciones.

3- Programa de reactivación económica estructurado y coordinado: con todos los actores del nivel central y territorial, para desarrollar e implementar los protocolos de bioseguridad necesarios que permitan generar confianza a residentes y futuros visitantes en el proceso de reapertura. En este punto se pide asiento permanente del Gobierno nacional en la planeación y divulgación de la reactivación económica escalonada de la ciudad, que debe ser de forma anticipada y oportuna, para lograr la efectiva preparación de protocolos de bioseguridad en las actividades impactadas. La planeación debe responder a las particularidades de las dinámicas económicas de Cartagena.

4- Aceleración de la inversión pública nacional y territorial en la ciudad: con ello se busca generar y reactivar el empleo, así como recuperar la competitividad del turismo. Algunos de los megaproyectos que se citan para su pronta ejecución son: Protección costera, intervención del Cerro de La Popa, Plan Maestro de Drenajes Pluviales, Proyecto de Caños y Lagunas, culminación de la Vía Perimetral, las megaobras del Canal del Dique, proyecto Recinto Ferial, construcción de viviendas VIS, entre otros, para dinamizar la economía y el desarrollo de la ciudad.

Aquí también se incluye la recuperación de la competitividad del turismo; y al aeropuerto Rafael Núñez en la primera fase del plan piloto de reactivación nacional de la aviación comercial adelantado por el Ministerio de Transporte, teniendo en cuenta que se encuentra preparado y con los debidos protocolos de bioseguridad.

Antecedentes

Para estructurar esta propuesta se tuvo en cuenta que la ciudad venía fuertemente golpeada por el flagelo de la pobreza, con un porcentaje de la población (47,5%) que no percibe los ingresos suficientes para suplir sus necesidades básicas. A 2018 la ciudad no ha logrado mejorar las condiciones de vida del 26% de la población.

También hay consideraciones de índole educativa y de acceso a servicios públicos básicos, como también que la ciudad tiene un alto porcentaje de familias desplazadas (unas 139 mil personas, el 15% de la población).

En materia laboral cerca del 50% de los ocupados en la ciudad son trabajadores por cuenta propia, son más de 220 mil empleos informales; mientras que el 97% del tejido empresarial local corresponde a micro y pequeñas empresas.

Recientes estudios revelan que la mayoría de las empresas en la ciudad solo están en la capacidad de apalancar su operación, a partir de recursos propios, en un máximo de 2 meses y solo el 8% de las grandes empresas estarían en capacidad de subsistir por cuenta propia máximo por 6 meses.

Las empresas dedicadas al sector del turismo son las que se muestran más vulnerables a las medidas implementadas hasta hoy en el caso de que se tornen indefinidas. El 87% de las empresas solo podría subsistir un máximo de 2 meses.

Alrededor de 25 mil empresas podrían cerrarse, la mayoría de estas dedicadas al comercio, alojamiento y restaurantes y la mortalidad empresarial se concentraría en la zona turística de la ciudad. Se estima que más de 6 mil empresas cerrarían en los próximos 6 meses solo en esta área.

Por su parte, el 82% de las empresas cartageneras manifiestan que, en los últimos tres meses, las ventas en la ciudad han disminuido y, 32% de estas han percibido reducciones de más del 90%. Así mismo, proyectan para los próximos tres meses una disminución aún mayor en las ventas, principalmente en los sectores de industria (92%) y turismo (90%).

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