¿A cuántas personas conocemos en medio de situaciones legales que no saben cómo resolver o no tienen los recursos para acceder a los servicios de un abogado? Vendedores estacionarios queriendo que se respete su derecho al mínimo vital, pacientes que luchan contra las EPS para que cubran medicamentos o exámenes, comunidades reclamando por obras e incluso familiares con conflictos por herencias, ruidos, linderos, entre otros. Le puede interesar: ¿Para qué sirve un consultorio jurídico? Tenga en cuenta esta información.
Pero esos ciudadanos desprovistos de medios para hacerse a una asesoría legal no están solos, tienen a los consultorios jurídicos universitarios de su lado, iniciativa que es clave entre las acciones sociales que emprenden las instituciones de educación superior en la ciudad.
“Las acciones sociales están consagradas en el Decreto 196 de 1971 y la Ley 583 de 2000, algunas de las más relevantes son las actividades prácticas desarrolladas por los estudiantes del consultorio jurídico, en condición de sujetos procesales, dentro de los expedientes adelantados en las entidades públicas o privadas con las cuales tenemos convenio; así mismo responden las consultas solicitadas de forma virtual, formuladas por nuestros usuarios en las diferentes áreas del derecho”, explicó Lourdes Villadiego Coneo, directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Libre de Cartagena.
Esta universidad también dispone de un consultorio móvil y brigadas jurídicas donde se trasladan directivos, docentes y estudiantes a los barrios más necesitados de la ciudad para entregar asesorías y capacitaciones. Puede leer: Consultorio Jurídico de Unilibre brinda acceso inclusivo a la justicia.
“Se trabaja con los niños, niñas y adolescentes en actividades lúdico-pedagógicas con énfasis en valores como el respeto, la tolerancia, cuidado del medioambiente, no a la discriminación, la responsabilidad y cómo celebrar acuerdos entre sí para superar de manera civilizada las diferencias que surjan en la comunidad; logrando crear un impacto social de alto alcance”, detalló Villadiego Coneo.
Lo anterior es especialmente importante porque aunque resolver problemas es una situación a la que nos enfrentamos a diario, en algunas comunidades o grupos familiares es todo un reto, y muchas veces la asesoría para conciliar no es una opción, por desconocimiento o poca capacidad de acceso a esta instancia.
Abogados integrales
Pero, ¿para qué le sirve a una universidad adoptar un enfoque social e inclusivo? “Nos permite responder a una transformación educativa, reconociendo las necesidades y expectativas sociales, al realizar ajustes desde la accesibilidad e incorporar herramientas propias para prestar un servicio con calidad y eficiencia jurídica. Con ello eliminamos las barreras de las oportunidades educativas y logramos una calidad formativa, desde el escenario de prácticas”, respondió la directora del Consultorio Jurídico de la Unilibre.
A esto se suma el posicionamiento y reconocimiento que obtiene el ente universitario como formador de futuros profesionales con valores, para la defensa de los derechos de las poblaciones de escasos recursos, es decir, las universidades hoy no forman solo abogados, también a agentes transformadores de cambio desde lo jurídico.
“Nuestro aparato judicial congestionado exige cada vez más y mejores funcionarios capacitados, dotados de herramientas tecnológicas, cognitivas, acordes con la realidad, con el fin de ofrecer una atención eficiente. Esto obliga a aumentar las exigencias académicas a docentes y estudiantes de derecho, para que asuman los compromisos profesionales con mayor responsabilidad”, indicó Villadiego Coneo con respecto al compromiso de formar a los mejores y más capacitados profesionales, pero también a seres humanos que conozcan las necesidades de la población. Abogados integrales.
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