El Gobierno del presidente Gustavo Petro entrega al país una de las transformaciones más profundas que haya vivido la educación pública en Colombia. Durante estos cuatro años, el Ministerio de Educación Nacional trabajó para hacer de la educación un derecho efectivo, ampliando el acceso, fortaleciendo la permanencia, dignificando las condiciones de aprendizaje y llevando oportunidades a territorios donde el Estado estuvo ausente.
Trabajaron por la niñez de Colombia
Uno de los principales avances fue ampliar el acceso a la educación inicial en las instituciones públicas. En 2022, solo 600 sedes educativas oficiales ofrecían los grados de prejardín y jardín, hoy son más de 6.400 sedes que incorporaron estos grados, una expansión que llegó a 771 municipios, de los cuales 300 son priorizados.
No se trata de sedes nuevas, sino centros educativos que ya existían y que ampliaron su oferta para que más niñas y niños pudieran iniciar su trayectoria educativa desde los primeros años, especialmente en los territorios con mayores brechas de acceso. Solo en los 300 municipios priorizados, cerca de 50.000 niñas y niños se beneficiaron con esta ampliación.
Este fortalecimiento de la oferta estuvo acompañado de acciones para garantizar que la educación inicial esté en el marco de la atención integral. Mientras en 2022 el país registraba 403.862 niñas y niños, al cierre del Gobierno la cifra educación inicial en el marco de la atención integral del sector educativo supera los 529.000, lo que representa más de 125.000 adicionales.
Además del acceso, esta estrategia fortaleció las condiciones para aprender desde los primeros años, con docentes cualificados, ambientes pedagógicos enriquecidos, alimentación escolar, y más acciones para consolidar el vínculo y participación de las familias.
Adicional, la transformación surgió desde la base, allí donde la vida comienza, en articulación con el ICBF, lograron que más de 2 millones de niños, niñas y de 0 a 5 años, incluyendo personas gestantes sean atendidas en educación inicial en el marco de la atención integral.
Reconociendo que el sentido de la educación no se limita a la enseñanza de contenidos curriculares, trabajaron para resignificar la jornada escolar de cerca de un millón de niños, niñas y adolescentes de colegios públicos, quienes se forman en el ser y en el saber con el fortalecimiento del programa de Formación Integral en 5.519 colegios que cuentan con centros de interés y una jornada diversa donde se promueve el arte, el deporte, la ciencia, la cultura y el desarrollo de habilidades.
Al reconocer que una de las brechas más amplias y persistentes radicaba en el tránsito a la educación media, y a la educación superior, mediante el programa SIMES, orientaron los esfuerzos a la apertura de grados de secundaria y media en más de 21 territorios, viabilizando 2.294 cargos de planta docente y logrando que más de 200 mil estudiantes de municipios donde culminar la trayectoria educativa era imposible, lograran continuar sus estudios, eliminando barreras entre niveles de formación, y facilitando las condiciones para que muchas escuelas rurales tengan la posibilidad de graduar su primera generación de bachilleres.
Estas transformaciones también lograron reconocer el papel fundamental de los docentes en la construcción de un sistema educativo digno. Por esta razón, 6.792 fueron beneficiados con becas condonables y más de 15.890 participaron en programas de formación continua. Además, 106.872 educadores lograron aprobar la prueba para ascender o reubicarse en el escalafón docente, haciendo posible mayores ingresos que reconocen y dignifican la labor docente.
Otro desafío fue recuperar la infraestructura educativa pública abandonada por la negligencia estatal. Mientras miles de estudiantes recibían clases en salones comunales, polideportivos y casas prestadas, decenas de proyectos permanecían inconclusos, transitando a la lista interminable de elefantes blancos. Por esta razón mejoraron y ampliaron 11.119 y dotaron con mobiliario nuevo más de 25.000 ambientes educativos.
Estas transformaciones han implicado también el fomento de la permanencia de niños y niñas en el sistema educativo. Para ello, fortalecieron el Programa de Alimentación Escolar, dando prioridad a las zonas rurales y llegando a 5,8 millones de estudiantes atendidos. Para ello, junto a la UAPA robustecieron los mecanismos de control de calidad y transparencia en aras de asegurar una alimentación digna, incluso en los recesos escolares, para todos los estudiantes del sistema educativo público.
Educación superior gratuita para los jóvenes de Colombia
La educación superior pública vivió una expansión histórica. Gracias a la política de gratuidad, cuyos recursos fueron asegurados por este gobierno para la posteridad, más de un millón de estudiantes fueron beneficiados durante los últimos tres años. Solo en 2025, el Gobierno transfirió $2,9 billones a las instituciones de educación superior públicas para fortalecer su funcionamiento y garantizar el acceso, especialmente para jóvenes provenientes de poblaciones vulnerables y territorios apartados.
Uno de los hitos más importantes fue la reforma a la Ley 30 de 1992, que moderniza el modelo de financiamiento de la educación superior pública y garantiza &4,22 billones adicionales para fortalecer financieramente a las instituciones públicas, lo que representa un crecimiento cercano al 35 % frente a los recursos existentes en 2022. Se trata de una reforma histórica que responde a una demanda de décadas de los jóvenes, que se manifestaron, lucharon, resistieron y hasta su vida dieron para fortalecer la sostenibilidad y garantizar el derecho a educación superior pública, gratuita y de calidad.
Así, lograron que 425.096 nuevos estudiantes accedieran a la universidad pública. Con la estrategia Educación Superior en Tu Colegio, la universidad dejó de ser un privilegio reservado para las grandes ciudades y llegó con programas técnicos profesionales, tecnológicos y universitarios a 954 colegios de 427 municipios, beneficiando a más de 120.000 estudiantes con una oferta pertinente, conectada con las vocaciones productivas de cada territorio y diseñada para que los jóvenes pudieran construir su proyecto de vida sin alejarse de sus comunidades.
Esta apuesta se fortaleció paralelamente con el Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior (PTIES), mediante el cual 5.045 jóvenes pudieron continuar su trayectoria educativa gracias a alianzas con universidades públicas y el SENA, reduciendo una de las principales causas de deserción entre la educación media y la educación superior. El 47,91% de los bachilleres graduados de grado 11 en 2024 accedieron a educación superior en 2025.
Así mismo, el Gobierno Petro cumplió con la mayor transformación en infraestructura de educación superior pública en décadas: 108 proyectos y más de $1,7 billones en ejecución. Las intervenciones financiadas por el Ministerio de Educación Nacional están en 66 municipios de 23 departamentos, con universidades nuevas, sedes ampliadas, aulas modulares, laboratorios, dotaciones y espacios que abren miles de cupos para jóvenes en todo el país.
Como garantía de continuidad, también aprobó el CONPES 4181, que declara de importancia estratégica el Plan Nacional de Espacios Educativos como Centros de la Vida Comunitaria y asegura una inversión de $13,11 billones hasta 2036 para construir, ampliar, mejorar y dotar infraestructura educativa en todos los niveles de formación.
Un legado que hay que defender
Los avances alcanzados durante estos cuatro años representan mucho más que cifras. Se trata de la vida de miles de niñas y niños que hoy comienzan su trayectoria educativa con mejores oportunidades; estudiantes que permanecen en las aulas gracias a la alimentación escolar; docentes con mejores condiciones para enseñar; jóvenes que acceden gratuitamente a la universidad; comunidades que, por primera vez, cuentan con educación superior en sus propios territorios; e instituciones públicas que hoy tienen mejores condiciones para seguir creciendo.
Este Gobierno deja un legado que le pertenece a Colombia, una educación pública más fuerte, con políticas estructurales, recursos garantizados, proyectos en marcha y oportunidades que llegaron, por primera vez, a territorios cuyas demandas nunca fueron escuchadas. Hoy la responsabilidad es colectiva, debemos proteger, fortalecer y sostener cada uno de estos avances, porque representan el derecho de millones de niñas, niños, jóvenes, docentes y comunidades de vivir con dignidad.