De manera sorpresiva, el Gobierno nacional ha intervenido las dos EPS más grandes de Colombia, Nueva EPS y Sanitas, a través de la Superintendencia de Salud. La medida se toma debido a incumplimientos financieros y deficiencias en la gestión de ambas entidades, que afectan a millones de afiliados en el país. Lea: Un café para hablar de IA: El nuevo podcast de El Universal
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La Nueva EPS, con casi 11 millones de afiliados, y Sanitas, con más de 5 millones, han sido objeto de esta intervención que busca corregir errores administrativos y garantizar la continuidad en la atención de la salud de los usuarios. Esta decisión ha generado preocupación e incertidumbre entre los afiliados, aunque las autoridades aseguran que la prestación del servicio de salud está garantizada durante el período de intervención, que se extenderá por un año.
Mientras las autoridades locales se comprometen a supervisar la prestación del servicio en Cartagena, los afiliados expresan diversas opiniones sobre la intervención, desde la preocupación hasta la inconformidad. Aunque algunos usuarios están satisfechos con la atención recibida, otros muestran inquietud por el futuro de su cobertura de salud y critican la decisión del Gobierno. La incertidumbre persiste sobre cómo evolucionará la situación y qué implicaciones tendrá para los usuarios a largo plazo.