Rousseff, que asumió el 1 de enero, ha perdido cuatro ministros en los últimos dos meses: tres por denuncias de irregularidades -los de Agricultura, Transportes y Jefatura del Gobierno- y un cuarto, el de Defensa, por criticar al Ejecutivo.
El último fue el de Agricultura, Wagner Rossi, que renunció el miércoles tras semanas de denuncias en la prensa sobre presuntos desvíos en su cartera y sus relaciones con una empresa agraria.
Heredera del ex mandatario Luiz Inacio Lula da Silva, la flamante presidenta sorprendió a la opinión pública al forzar las dimisiones, especialmente en los casos relacionados con denuncias de corrupción.
“La actitud de Lula era otra: frente a denuncias, él decía que nadie podía ser culpado hasta ser juzgado. Rousseff ha actuado de manera diferente -forzando las dimisiones-, lo que es un reflejo de que la sociedad es menos tolerante con ciertas prácticas políticas que están desgastadas”, dijo a la AFP Carlos Lopes, del Instituto Analise.
Las denuncias han puesto en evidencia una práctica arraigada en la política brasileña por la que el presidente reparte altos cargos del gobierno “entre los partidos aliados a cambio de apoyo parlamentario; eso es generador de corrupción”, explicó a la AFP el director de la ONG Transparencia Brasil, Claudio Abramo.
Las decisiones de Rousseff han recibido aplausos por parte de la prensa y de ONG.
En el Congreso, unos pocos senadores crearon un “frente” informal de apoyo a la limpieza administrativa de Rousseff y el gremio de abogados quiere lanzar un observatorio de la corrupción.
Los caídos
El primer ministro que perdió Rousseff fue el poderoso jefe de Gabinete Antonio Palocci, en junio, tras cuestionamientos a su rápido enriquecimiento. Le siguió el de Transportes, junto a casi 30 altos cargos de esa cartera, por denuncias de corrupción y desvíos.
Un quinto ministro, el de Turismo, está en la cuerda floja tras una operación policial que llevó a la detención de 36 personas vinculadas a esa cartera por presuntos desvíos.
