El juez penal Rolando Vomero resolvió el procesamiento con prisión -lo que implica que ahora comienza el proceso penal que culmina con una sentencia- de los dos enfermeros de 39 y 46 años por “homicidio especialmente agravado en régimen de reiteración real” y de una enfermera por “complicidad en un delito de homicidio especialmente agravado”.
“Las dos personas admitieron (...) que a muchas personas les habían suministrado medicación para que fallecieran”, dijo Vomero a periodistas, indicando que uno de los imputados reconoció cinco homicidios y el otro admitió 11 asesinatos.
De todas formas, adelantó que “la investigación continuará”.
Vomero explicó que “la metodología en un caso era aplicarles morfina directamente en vía central y en otro caso al parecer era aire en vía central, lo cual le ocasionaba la muerte en pocos minutos”.
Si bien los acusados indicaron que actuaron “porque no querían ver sufrir a la gente”, sus víctimas no eran pacientes terminales, dijo Vomero.
Los casos se produjeron en un CTI neuroquirúrgico privado y en una unidad de cuidados intermedios (cardiología) de un hospital público.
El juez añadió que por ahora no se ha encontrado una conexión entre los dos imputados, uno de los cuales trabajaba en las dos instituciones de salud. “Son dos situaciones absolutamente independientes”, afirmó.
No obstante, según el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, “no se trata de hechos que hayan sido claramente coordinados pero tenían conocimientos entre sí las personas y luego cada cual hacia lo que hacía por su lado”.
Bonomi reveló en conferencia de prensa, junto al ministro de Salud Pública Jorge Venegas, que la investigación comenzó en enero, a raíz de una denuncia proveniente “del propio ambiente de la salud”.
Luego “se produce una muerte que acelera las posibilidades de investigación porque da elementos concretos”, indicó.
Según el ministro, por las declaraciones de los imputados “se maneja en términos genéricos que puede existir más gente” asesinada.
Por su parte, Venegas manifestó la “consternación y el dolor” de su cartera por los hechos y se comprometió a “contribuir entre todos los organismos” para el esclarecimiento de los casos.
“Dicen que lo que los impulsaba era la piedad y la situación de las personas enfermas. (Pero) no se desprende esa causa porque una de las personas que mataron tenía el alta firmada”, observó Bonomi.
Más temprano, la abogada de uno de los acusados, Inés Mazziotti, había indicado a periodistas que su defendido “confesó plenamente (...) que lo hizo por móviles de piedad”.
El Ministerio de Salud convocó el domingo a la Comisión de Seguridad del Paciente y envió inspecciones a los servicios afectados, “de modo de recabar más datos que colaboren con la investigación policial y judicial”.
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