Las acusaciones presentadas el viernes contra el sargento del ejército estadounidense Robert Bales reflejan el horror de los crímenes: 17 cargos de homicidio premeditado por la matanza de civiles en el sur de Afganistán.
Más de la mitad de las víctimas fueron niños en tanto que los afganos demandan un castigo rápido y severo, sin embargo, pasarán meses, incluso años, antes de que la ciudadanía vea a Bales poner un pie en algún tribunal.
Sólo basta echar un vistazo a los dos casos similares recientes que suscitaron gran atención para advertir la lentitud con la que actúa la justicia militar.
Han transcurrido casi 29 meses desde que el psiquiatra del ejército, mayor Nidal Hassan, matara a 13 personas y dejara 24 heridas en Fort Hood, Texas, según el expediente en su contra. El inicio de su juicio está programado para junio.
Asimismo han pasado 21 meses desde que el mando militar estadounidense acusó al analista de inteligencia Bradley Manning de filtrar cientos de miles de páginas de información secreta. Tras nueve meses fue declarado competente para afrontar juicio.
El caso Bales quizá será igualmente complejo, implica aspectos de su estado mental y la tensión de guerra y posibles lesiones previas en la cabeza que hayan desempeñado algún factor en los actos de los que se le acusa.
La mayoría de los testigos son aldeanos y sobrevivientes afganos que podrían ser traídos para que asistan al juicio.
El mando militar acusó el viernes a Bales de 17 cargos de homicidio, seis de intento de homicidio y seis de agresión por las matanzas ocurridas antes del amanecer el 11 de marzo en dos aldeas del sur de Afganistán cercanas a la base en la que estaba destacado.
Bales, quien tiene dos hijos, fue informado oficialmente de los 29 cargos poco antes del mediodía en la prisión militar en la que se encuentra en Fort Leavenworth, Kansas.
El homicidio premeditado conlleva como castigo máximo la pena de muerte, la expulsión deshonrosa de las fuerzas armadas, la degradación al menor rango, y la confiscación de salario y otros ingresos, según el coronel Gary Kolb, portavoz de las fuerzas estadounidenses en Afganistán.
La sentencia mínima sería prisión perpetua sin posibilidad de libertad bajo palabra.
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