El caso, que busca disipar una disputa centenaria por la soberanía de las islas de Providencia y San Andrés y los cayos de Roncador, Serrana y Quitasueño, frente a las costas orientales nicaragüenses, incluye audiencias hasta el 4 de mayo, aunque la sentencia podría tardar meses en ser anunciada.
El Gobierno de Colombia recordó que ha ejercido “pública, pacífica e ininterrumpida su soberanía y jurisdicción” en la zona reclamada por Nicaragua.
Además, señaló que “esta posición está sustentada en la historia y el derecho, fundamentalmente en el norma de normas 'pacta sunt servanda' (los pactos son para cumplirse) principio fundamental del derecho internacional público”.
Este histórico diferendo ha enfriado las relaciones entre estos dos países, y ese clima se mantendrá mientras persista el desacuerdo, advirtió la canciller colombiana, María Ángela Holguín.
La jefa de la diplomacia colombiana admitió, sin embargo, que el tono de las relaciones bilaterales evolucionó recientemente. Ambos países optaron por la moderación en vísperas del inicio de audiencias en La Haya.
Nicaragua reclama a la CIJ la soberanía de un espacio de 50.000 km2 en el Caribe que incluye el archipiélago de San Andrés e islotes adyacentes, que en su mayor parte constituyen actualmente el departamento colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
En sus argumentos, Nicaragua señala que la soberanía de esos territorios marítimos quedó bajo control de Colombia mediante el Tratado Bárcenas-Esguerra firmado en 1928 y ratificado en 1930, pero que a la firma del acuerdo Nicaragua estaba bajo la ocupación militar de Estados Unidos (1927-1933).
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