Un líder opositor afirmó el sábado que la detención del general retirado Antonio Rivero, fuerte crítico del gobierno, formaría parte de acciones de hostigamiento y persecución desplegadas por el presidente Nicolás Maduro para desalentar las denuncias de fraude electoral planteadas por Henrique Capriles, su adversario en los recientes comicios.
“Denunciamos ante el país la detención ilegal, injustificada e ilegítima de Antonio Rivero”, dijo Leopoldo López, coordinador nacional del partido opositor Voluntad Popular en el que milita el general retirado.
“Con sus mentiras, queremos decirlo, el gobierno no sólo busca intimidar, no sólo busca detener, sino que también tienen planteado el asesinato moral de la dirigencia” opositora dijo López en una conferencia de prensa. “El gobierno se equivoca si piensa que vamos a claudicar en la solicitud justa de que se conozca la verdad del 14 abril (día de las elecciones). No vamos a retroceder, vamos a seguir avanzando, con firmezas, con la convicción que estamos luchando por la verdad”
Venezuela entró en un ambiente de crispación luego de que la autoridad electoral, por estrecho margen, proclamó oficialmente como triunfador de los comicios a Maduro, heredero designado del ex mandatario Hugo Chávez. Capriles está convencido de haber ganado la elección y ha dicho que Maduro es un mandatario “ilegítimo” y “espurio”.
La posibilidad de que la crisis política que enfrenta esta nación sudamericana encuentre en breve un camino de distensión se alejó el jueves, cuando el excandidato opositor anunció que impugnará legalmente los comicios en los próximos días ante la negativa de las autoridades electorales de auditar las papeletas, las actas y los cuadernos de votación, donde los electores firman y colocan sus huellas, y a la vez cotejar el acta que emite al final cada máquina de votación.
A juicio de los opositores, eso es lo que arrojará el resultado verdadero, ya que alegan que ha habido “irregularidades”, como que en algunos colegios electorales hubo más votos que votantes y máquinas dañadas.
Por la noche, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, oficializó que “es imposible acatar la solicitud de auditoría en los términos planteados” por la oposición el pasado 17 de abril.
“El documento que recibimos firmado por Henrique Capriles constituye un intento de impugnación... no le corresponde al CNE recibir solicitud de impugnación, sino al Tribunal Supremo de Justicia”, dijo Lucena en un mensaje transmitido en cadena de radio y televisión.
La presidenta del CNE indicó que el documento presentado por los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática (la coalición de oposición) fue “acompañado por unos anexos que no señalan de forma clara y precisa cuáles son los hechos que supuestamente vulneraron las normas”.
“El que hace una denuncia de esta magnitud debe aportar un mínimo de elementos para poder constatar”, agregó.
Lucena precisó que la auditoría se realizará bajo los siguientes términos: “Se tomará una muestra aleatoria del 46% de las mesas que no fueron auditadas (el propio día de la elección como contempla la ley electoral, se hará una auditoría durante 10 días continuos y se repetira la operacion hasta llegar a los 30 dias. La auditoría se llevará a cabo en un ambiente seguro y controlado”, donde podrán participar los técnicos designados por las organizaciones políticas.
La funcionaria no se refirió al anunció de Capriles, de que si en la auditoría que ha solicitado la oposición no hay acceso a los cuadernos de votación, los opositores no participarán en esa revisión.
“El alcance de esta auditoría es claro, bajo ningún concepto la verificación ciudadana se considera escrutinio... la auditoría no altera el resultado del 14 de abril”, destacó Lucena, quien opinó que “se manipuló información (sobre la auditoría) para generar falsa expectativas sobre el procedimiento”.
El Ministerio Público dijo en un comunicado divulgado el sábado que “presentará en las próximas horas al general retirado Antonio Rivero ante un tribunal de control, por su presunta vinculación con hechos de violencia ocurridos recientemente en el país”.
“De acuerdo con la información preliminar, este sábado 27 de abril, el militar retirado fue aprehendido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional” o policía política, “en cumplimiento de una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público”, agregó el escrito de la Fiscalía, sin dar otros detalles.
Voceros del gobierno no estuvieron disponibles para un comentario.
Nueve personas murieron y 78 fueron heridas entre el 14 y el 16 de abril en desórdenes callejeros tras los resultados electorales que dieron ganador a Maduro, juramentado presidente el 19 de abril, declaró el miércoles pasado la fiscal General Luisa Ortega, quien ha dicho que todos los muertos y heridos eran simpatizantes del chavismo.
Ortega señaló que los disturbios se generaron debido al llamado “irresponsable” de la oposición de desconocer los resultados de los comicios presidenciales. La Fiscal General entonces ratificó además los daños en al menos una veintena de Centros de Diagnóstico Integral (CDI), donde trabajan en su mayoría médicos cubanos,
Bajo un acuerdo entre Chávez y el gobierno cubano, miles de médicos de la isla se han mudado a los barrios y villas remotas para atender a los pobres. Venezuela por su parte provee a Cuba de miles de millones de dólares en petróleo.
Tan pronto como se hicieron las primeras acusaciones, partidarios de Capriles acudieron de prisa a por lo menos cinco clínicas y tomaron fotos de las fachadas, las cuales parecían intactas. Se cuidaron de incluir fotos de los diarios de esa mañana para que no hubiera duda de que las imágenes fueron tomadas después de los supuestos ataques. Entonces subieron las fotografías a Twitter y Facebook.
“Aquí, ¿quién se puede creer que aquí hay autonomía de los poderes públicos? ¿Quién se cree que los jueces son autónomos? ¿Quién se cree que el Ministerio Público es autónomo? Ellos van a buscar de vestir de legal lo que es ilegal”, dijo López, quien recordó que en el 2010 Rivero, ex jefe de la agencia de gestión de emergencias, fue acusado de dos delitos en un tribunal militar tras denunciar la presencia de militares cubanos en Venezuela.
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