Organizaciones civiles y representantes de la ciudadanía comenzaron a reclamar al Estado paraguayo el cumplimiento de las leyes de protección de los niños y la persecución penal de los agresores, ante las crecientes denuncias de abusos de menores.
Las demandas se intensificaron tras conocerse el caso de una niña de 10 años embarazada de cinco meses a la que la justicia le impidió realizarse un aborto.
La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia denunció el miércoles en un documento enviado a The Associated Press "la débil respuesta de los servicios públicos sobre hechos de violencia contra los niños".
El organismo exhortó "al Ministerio de Salud Pública la puesta en marcha de un protocolo de atención para casos de menores víctimas de violencia, abuso sexual y embarazos (precoces) garantizando la vida, integridad física y psicológica" de los mismos. Además solicitó a las autoridades "políticas públicas de protección y educación integral en salud sexual y reproductiva".
En tanto, se hizo una manifestación de repudio los abusos y que concentró a unas 20 personas, la mayoría mujeres, en el sitio conocido como La Costanera, a orillas del río Paraguay, en Asunción.
La menor embarazada se encuentra en un hogar sustituto bajo el cuidado médico y custodia de la Cruz Roja por orden judicial, protección que se extenderá hasta unos tres meses después del alumbramiento. Las autoridades rechazaron un pedido de aborto realizado por Amnistía Internacional argumentando que la gestación estaba muy avanzada.
Su madre y el padrastro y presunto violador fueron enviados a la cárcel a la espera del inicio del juicio oral y público que comenzaría en un año para responder por los supuestos delitos de falta al deber del cuidado, obstrucción a la justicia y coacción sexual de una menor.
"Me siento indignada por la enorme cantidad de violaciones a niñas, la inoperancia estatal y por el código penal benévolo", dijo a AP Noelia Quintana, profesora de historia en una universidad privada y madre de dos niños y organizadora de la manifestación.
Agregó que "mi enojo lo canalicé a través de las redes sociales y me autoconvertí en activista pero como recibí la adhesión virtual de miles de mujeres, resolví organizar la manifestación". El lunes hubo un par de manifestaciones con escasa asistencia, en Asunción y Ciudad del Este.
"Esperaba que las mujeres indignadas vinieran a la manifestación...Es importante repudiar al sistema estatal que no protege adecuadamente a la infancia", señaló Quintana.
Gladys Méndez, directora de salud mental del hospital público San Pablo de Asunción dijo a AP que "los abusos contra menores son una constante y encontramos muchas causas que los originan como el lamentable machismo consentido por las propias madres, la pobreza extrema y la falta de educación".
La Dirección de Estadísticas del Ministerio de Salud informó que en 2014 hubo 680 niñas de entre 10 y 14 años que tuvieron un bebé. Karina Pérez, directora de psicología de la unidad Victimología de la Fiscalía General, explicó que anualmente atienden unos 4.000 casos de violencia contra mujeres de los cuales la mitad corresponde a abuso sexual de menores de 14 años.