La política expropiatoria de Hugo Chávez ha sido derrotada de manera reciente en un tribunal. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) emitió una sentencia que condena al Gobierno de Venezuela a pagar la suma de 1.640 millones de dólares (1.481 millones de euros) como indemnización de la empresa española Agroisleña por haber “sido expropiada por el fallecido Hugo Chávez sin compensación a finales de 2010”.
En su fallo, el Tribunal determinó que la expropiación sin compensación por parte de Venezuela en octubre de 2010 de las inversiones del Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos constituyó una “violación” del Acuerdo España- Venezuela.
“El Tribunal CIADI determinó que la expropiación sin compensación por parte de Venezuela en octubre de 2010 de las inversiones del Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos en las sociedades venezolanas Agroisleña C.A., Insecticidas Internacionales C.A., Proyefa C.A.y Venezolana de Riego C.A., constituyó una violación del Acuerdo España-Venezuela”, se lee en la información proporcionada por el grupo empresarial.
Según cita el diario español ABC, el fallo del tribunal fue emitido el 23 de marzo tras la demanda que presentó el Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos en julio de 2016 contra la República Bolivariana de Venezuela amparado en el Acuerdo entre el Reino de España y Venezuela para la Promoción y Protección Recíproca de Intersiones.
Se conoció que además de la indemnización, el Gobierno de Venezuela deberá pagar adicionalmente los “intereses sobre la compensación concedida al tipo Libor aplicable a los depósitos a seis meses denominados en dólares estadounidenses más 4 puntos porcentuales, capitalizados anualmente desde el 4 de octubre de 2010 hasta la fecha en que Venezuela haya pagado íntegramente”.
Sobre el caso
A finales de 2010 y con la puesta en marcha de su política expropiatoria, el expresidente Hugo Chávez ofreció a sus compañeros de armas la empresa española Agroisleña, expropiándola sin pago alguno, al cambiarle el nombre por Agropatria, bajo la excusa de recuperar 240.000 hectáreas productivas y duplicar su producción en dos meses.
Sin embargo, los militares que recibieron la empresa la condujeron a la ruina. Tras ser expropiada, Agroisleña, fundada por el empresario español Enrique Fraga, decidió demandar al gobierno venezolano en 2016.