Tras su visita al sitio de la tragedia de la vía Medellín-Quibdó, el presidente Gustavo Petro arribó a Guatemala para participar en la ceremonia de posesión de Bernardo Arévalo, quien resultó electo como el nuevo jefe de estado guatemalteco.
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Petro, a través de su cuenta en la red social X, ya había hecho un llamado a varios jefes de Estado para que se unieran a este acto, ya que considera como una amenaza un posible golpe de Estado en la nación centroamericana.
“Aquí en Guatemala, aún el Congreso de la República no se pone de acuerdo para elegir su junta directiva que es la que tiene que posesionar al presidente Bernardo Arévalo. Al partido del presidente Arévalo, mayoritario, le han quitado la personería jurídica. La fiscalía, como en Perú, como en Colombia, ha tenido una actitud adversa a la presidencia e incluso ha intentado poner presa a la vicepresidente elegida por el pueblo”, escribió Petro este domingo. Lea aquí: Nicaragua confirma que excarceló y envió al Vaticano a obispo 18 sacerdotes
Una comisión parlamentaria, integrada por los conservadores, revisa las credenciales de los nuevos 160 diputados, apuntando a los 23 del partido de Arévalo, Movimiento Semilla, suspendido temporalmente a petición de la Fiscalía, que lo acusa de irregularidades en su proceso de formación en 2017.
Esto ha aumentado la tensión y ha retrasado la instalación del nuevo Congreso, que deberá juramentar al sociólogo, exdiplomático y filósofo de 65 años, para un mandato de cuatro años, en sesión solemne en el Teatro Nacional, en el centro de la capital. Lea aquí: Ejecutan operaciones en cárceles de Ecuador para recuperar el control
Petro también informó que fue citada por el canciller de Costa Rica una reunión urgente de cancilleres en Ciudad de Guatemala esta tarde. “Van tres horas de retardo y el Congreso de Guatemala no permite aún la posesión del presidente elegido por el pueblo de Guatemala”, dijo el mandatario colombiano.
Arévalo, hijo del primer presidente democrático de Guatemala, pasó inesperadamente en junio a la segunda ronda presidencial con una candidata conservadora aliada del oficialismo, a quien venció cómodamente con un 60% de los votos por su mensaje anticorrupción.
Desde entonces, Arévalo y el Movimiento Semilla han sido blanco de una ofensiva judicial que denunció como un “golpe de Estado”, detrás del que estaría la élite política y económica que por décadas ha regido los destinos del país.