La Asamblea de Ecuador negó el viernes la autorización para enjuiciar penalmente a la vicepresidenta, Verónica Abad, que tiene fuero de corte y a quien la Fiscalía pidió vincular en una investigación que involucra a su hijo por corrupción.
La decisión de rechazo se adoptó con 75 votos de 133 asambleístas presentes a una moción que pedía negar la autorización en una sesión virtual. Para autorizar el juicio se requerían 92 votos y para negarlo 70. Lea aquí: Atroz: Hombre asesinó a madre y una de sus hijas; la menor tenía cuatro años
El caso “Nene”, que investiga la Fiscalía, inició en marzo tras la detención del hijo mayor de Abad, Francisco Barreiro, a quien un exfuncionario de la vicepresidencia denunció por ofrecerle un alto cargo con un suelo de 3.200 dólares, del cual le debía entregar 1.700 dólares mensuales.
Como garantía de pago, el denunciante firmó un pagaré por 30.600 dólares. Barreiro salió en libertad provisional tras cancelar una fianza.
La Fiscalía pidió a la justicia la vinculación de Abad por considerar que cuenta con los indicios sobre su presunta participación en el cometimiento del delito de concusión. La Corte solicitó a la Asamblea pronunciarse sobre la autorización en un plazo de 48 horas. Lea aquí: Finlandia informa que cuatro aviones rusos violaron su espacio aéreo
Guissella Molina, del movimiento Gente Buena, quien presentó la moción para negar la autorización, advirtió que se pretendía convertir al Parlamento en un escenario para resolver una disputa entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta, y dijo que Abad es víctima de violencia política.
La relación entre el presidente y la vicepresidenta se fracturó desde la campaña electoral. Noboa la ha tildado de “desleal”, mientras Abad afirma que se busca presionarla para que renuncie. Abad cumple actualmente el cargo de embajadora en Israel por delegación del jefe de Estado.
El asambleísta Leonardo Barrezueta, del movimiento de oposición Revolución Ciudadana, afín al expresidente Rafael Correa, manifestó que no se prestarán para una “jugarreta” del gobierno al que pidió “hacerse cargo” de su problema, en alusión a la disputa con Abad, a quien él seleccionó como su binomio, dijo.
Así el planteamiento de la asambleísta oficialista, Inés Alarcón, quien había solicitado al legislativo “no seguir trabando la justicia” y viabilizar la investigación contra Abad, se quedó sin respaldo.
El ministerio de Gobierno reaccionó con un rechazo a la decisión de la Asamblea y aseguró en un comunicado que la votación evidencia un “sucio pacto político” en el que primaron intereses partidarios de agrupaciones como el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y Construye.
“Solo era cuestión de dejar que—como en cualquier democracia medianamente estable— los órganos de la función judicial hagan su trabajo”, se señaló.
El comunicado concluye manifestando que ningún funcionario está por encima de la ley “y la justicia debe determinar si la vicepresidenta cometió una irregularidad”. No precisó a qué se refirió con dicha afirmación.