La Fiscalía de Venezuela ha solicitado nuevas órdenes de captura para 18 funcionarios argentinos, tras la decisión de un tribunal venezolano la semana pasada que ordenó la detención del presidente argentino, Javier Milei, junto a la secretaria general de Argentina, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Le puede interesar: López Obrador entregó balance de gestión al frente de la Presidencia de México
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció esta medida en una comparecencia televisada el lunes, explicando que las órdenes responden a un caso de “robo agravado” por el que también se ha solicitado la emisión de 11 alertas rojas internacionales.
Entre los nuevos funcionarios señalados se encuentran los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Árias, de la Cámara Federal de Apelaciones de la Plata, quienes prohibieron la salida de Argentina a la tripulación del avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires y luego enviado a EE.UU. en febrero. Otros incluidos en las órdenes son los diputados Ricardo López, Yamil Santoro y Geraldo Milman, el juez Federico Villenas y los fiscales Cecilia Incardona, Diego Iglesias y Franco Rinaldi.
Según Saab, estas personas están acusadas de “robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir”.
En respuesta a la orden de captura emitida por la Justicia argentina contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, Saab anunció la emisión de ocho órdenes adicionales contra los responsables de lo que describió como un “alineamiento internacional” contra el gobierno chavista. Entre los mencionados se encuentra Waldo Wolf, presidente del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, y varios jueces y fiscales argentinos.
La ministra Bullrich fue mencionada nuevamente en relación con este caso, ahora con una segunda orden por su participación en la audiencia que Saab describió como una presión sobre jueces y fiscales para que aprehendieran a Maduro. Según Saab, esta orden es “indigna” y no podrá ejecutarse. Los delitos asociados a este segundo grupo incluyen “usurpación de funciones, abuso de poder, conspiración y vilipendio contra altos funcionarios públicos”. Le puede interesar: María Corina Machado gana el premio Václav Havel de Derechos Humanos