El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, expresó este jueves su contundente rechazo a los informes que denuncian el “secuestro y tortura” de menores en centros de detención en Venezuela, calificándolos como “crímenes de lesa humanidad” que deben ser castigados. Le puede interesar: ¿Venezuela y China planean crear un”nuevo orden político”?
En un comunicado, Almagro mencionó la existencia de “escalofriantes” audios provenientes de estos centros de detención, en los que se detalla cómo “menores de edad son torturados con descargas eléctricas, golpes, falta de alimentación e incluso abusos sexuales”.
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El secretario general señaló que estos menores están detenidos bajo “acusaciones irracionales e infundadas, como terrorismo y traición a la patria”. Almagro condenó “en los términos más fuertes” estas atrocidades, afirmando que “los crímenes de lesa humanidad cometidos contra menores constituyen una nueva dimensión jurídica de responsabilidad criminal internacional por parte de las autoridades del régimen”.
“Como comunidad internacional, debemos velar para que no queden sin castigo y, a tal fin, seguiremos adoptando las medidas en el plano internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia”, declaró Almagro. Le puede interesar: Esposa del alcalde de Maracaibo denuncia acoso a trabajadores municipales
Según datos de la ONG venezolana Foro Penal, difundidos el miércoles, en Venezuela hay actualmente 1.916 personas detenidas por “motivos políticos”, de las cuales 1.676 son hombres y 240 mujeres. Del total, 1.846 son adultos y 70 adolescentes de entre 14 y 17 años.
Foro Penal también informó que 1.784 de estas detenciones ocurrieron después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en medio de la crisis por las denuncias de “fraude” hechas por la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Esta coalición afirma que su candidato, Edmundo González Urrutia, es el verdadero presidente electo, frente al resultado oficial que otorgó la reelección a Nicolás Maduro.
El Gobierno venezolano responsabiliza a los manifestantes, vinculados a la PUD, de generar “violencia” y “vandalismo” en sedes públicas, mientras que la oposición acusa a los agentes de seguridad del Estado de “represión” durante las protestas. Le puede interesar: Chavismo reitera su solidaridad a Palestina a un año del ataque de Hamás