El Gobierno de Venezuela expresó su firme rechazo a la prórroga de dos años del trabajo de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de la ONU, aprobada este viernes. Esta misión había denunciado que el Estado venezolano ha intensificado “la modalidad más dura y violenta de su maquinaria de represión”. Le puede interesar: Esposa del alcalde de Maracaibo denuncia acoso a trabajadores municipales
En un comunicado, el Ejecutivo de Nicolás Maduro calificó esta misión de “despreciable” y “vergonzosa”, considerándola una “muestra clara del extravío de las instituciones del Sistema de Naciones Unidas”, que, según el gobierno, se han convertido en “instrumentos de coerción y chantaje a los pueblos y Gobiernos soberanos”.
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El comunicado también afirmó que estas instituciones son “incapaces de abordar las verdaderas acciones de lesa humanidad, como el genocidio en Palestina y el bombardeo de civiles en el Líbano” por parte de Israel, el cual cuenta con el apoyo de Gobiernos que ahora intentan atacar al oficialismo venezolano desde un “secuestrado consejo de derechos humanos”.
Venezuela subrayó que ha demostrado un “fortalecido compromiso con los derechos humanos”, uno que considera más sólido que el de la mayoría de los Gobiernos que buscan utilizar estos derechos para revertir los avances del proceso político de la democracia revolucionaria en el país.
La resolución que aprueba la prórroga recibió 23 votos a favor, seis en contra (Argelia, China, Cuba, Eritrea, Sudán y Vietnam) y 18 abstenciones durante la última jornada de la 57 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La misión, que fue creada en 2019 para investigar presuntas violaciones de libertades fundamentales en Venezuela desde 2014, está encabezada por la jurista portuguesa Marta Valiñas, junto a los expertos Francisco Cox de Chile y Patricia Tappatá de Argentina.
La resolución también exhorta a las autoridades venezolanas a colaborar con la misión y con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, cuya representación local fue expulsada en febrero. El texto lamenta esa decisión y expresa preocupación por “el agravamiento de las violaciones y transgresiones de los derechos humanos y el aumento de las restricciones del espacio cívico y democrático”, especialmente en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Le puede interesar: ¿Venezuela y China planean crear un”nuevo orden político”?