El ultimátum de 48 horas impuesto por Elon Musk, encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y mano derecha del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, venció este martes 25 de febrero. La medida obligaba a los empleados federales a justificar su puesto de trabajo mediante un correo electrónico, bajo amenaza de despido.
Cientos de trabajadores del Gobierno tenían hasta la medianoche del lunes para responder a un correo enviado el sábado por la Oficina de Personal del Gobierno (OPM), titulado “¿Qué hiciste la semana pasada?”. En el mensaje se les solicitaba detallar cinco logros alcanzados en su puesto sin incluir información clasificada, enlaces ni documentos adjuntos.
La iniciativa, dirigida a reducir el gasto público, encontró el respaldo del presidente Trump, quien el lunes la calificó como una “idea genial” y aseguró que la falta de respuesta equivaldría a una renuncia. “Hay gente que no va a trabajar o que nadie sabe ni siquiera si trabaja o no en el Gobierno”, declaró el mandatario. Le puede interesar: “Más agresivo” en los recortes federales: la petición de Trump a Elon Musk
Oposición interna y dudas legales
A pesar del espaldarazo de Trump, la medida ha generado una fuerte oposición dentro del propio Gobierno. Agencias como el FBI, el Departamento de Estado, el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) instaron a sus empleados a ignorar el mensaje, argumentando que la evaluación del desempeño es responsabilidad de sus supervisores directos.
Los sindicatos también advirtieron a los empleados federales sobre la posible ilegalidad de la exigencia. De hecho, algunos legisladores han cuestionado la validez del ultimátum y han anunciado que revisarán su legalidad en el Congreso.
El poder de Musk en la Administración de Trump
La polémica medida refleja la creciente influencia de Musk dentro de la nueva Administración de Trump, lo que ha generado preocupación entre empleados públicos, sindicatos y la oposición demócrata. El magnate ha tomado decisiones clave como el desmantelamiento de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y la congelación de la ayuda humanitaria de EE.UU. Además, ha ofrecido indemnizaciones a empleados federales para incentivar sus renuncias, con la amenaza de despido en caso de no aceptarlas.
A pesar de que Musk se ha atribuido el mérito de estas decisiones, la Casa Blanca ha negado en un tribunal que él tenga responsabilidad legal sobre el DOGE. Esto se dio en respuesta a una demanda interpuesta por varios fiscales demócratas que buscan limitar su poder dentro del Gobierno. Lea también: Donald Trump firma decreto que le otorga más poder a Elon Musk
El ultimátum de Musk ha generado una ola de tensión dentro del Gobierno de EE.UU., exponiendo divisiones internas y desatando cuestionamientos legales. Mientras la oposición y varios organismos gubernamentales buscan frenar sus medidas, Trump sigue respaldando al empresario y sus iniciativas para reformar el aparato estatal. La situación podría escalar en los próximos días, con posibles repercusiones en el Congreso y el sistema judicial.