El presidente estadounidense Donald Trump firmará este jueves una orden ejecutiva para iniciar el proceso de cierre del Departamento de Educación, cumpliendo así una de sus promesas de campaña, según informó un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato. La medida busca eliminar una agencia que ha sido blanco de críticas por parte de los conservadores durante décadas.
Obstáculos legislativos y postura de la Casa Blanca
Si bien Trump ha calificado al Departamento de Educación como ineficiente y dominado por ideologías progresistas, su cierre definitivo enfrenta un obstáculo clave: la necesidad de una ley del Congreso. La agencia fue creada en 1979 y su desmantelamiento requeriría la aprobación legislativa. Lea aquí: Conversación entre Zelenski y Trump: se conocen más detalles de lo pactado
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Un documento informativo de la Casa Blanca señala que la orden instruirá a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a “tomar todas las medidas necesarias para facilitar el cierre del Departamento de Educación y devolver la autoridad educativa a los estados, garantizando al mismo tiempo la continuidad de los servicios, programas y beneficios esenciales para los ciudadanos”.
Desde su llegada al poder, la administración de Trump ha venido debilitando la agencia mediante despidos y recortes en programas clave. Actualmente, el departamento trabaja en la reducción de su plantilla a la mitad y en la disminución de oficinas como la de Derechos Civiles y el Instituto de Ciencias de la Educación, responsables del monitoreo del progreso académico en el país.
Los críticos advierten que la desaparición del Departamento de Educación afectaría a millones de estudiantes en un sistema ya desigual. La Unión Nacional de Padres expresó su rechazo:
“Esto no es arreglar la educación. Es asegurarse de que millones de niños nunca tengan una oportunidad justa. Y no vamos a dejar que eso ocurra sin luchar”.
Impacto en el sistema educativo tras el cierre del DOE
La Casa Blanca no ha detallado qué funciones del departamento podrían ser reasignadas a otras agencias o eliminadas por completo. En su audiencia de confirmación, McMahon aseguró que preservarían iniciativas clave como los fondos del Título I para escuelas de bajos ingresos y las becas Pell para estudiantes universitarios con menos recursos.
Actualmente, el Departamento de Educación maneja miles de millones de dólares en financiamiento escolar y supervisa una cartera de préstamos estudiantiles de 1.6 billones de dólares. Además, gestiona programas de asistencia para universidades, distritos escolares y poblaciones vulnerables, incluyendo estudiantes sin hogar y aquellos que dependen de subsidios para alimentos. Le puede interesar: Juez dictamina que cierre de USAID probablemente violó la Constitución
Si bien la financiación federal solo representa un 14% de los presupuestos de las escuelas públicas, ese dinero es fundamental para programas dirigidos a estudiantes en situación de vulnerabilidad.
Un debate político de larga data
Desde hace décadas, los republicanos han abogado por la eliminación del Departamento de Educación, argumentando que desperdicia fondos públicos y que la gestión de la educación debe recaer en los estados. En los últimos años, la propuesta ha cobrado fuerza entre grupos de padres conservadores que exigen mayor control sobre la educación de sus hijos.
En su plataforma, Trump ha prometido devolver la autoridad educativa a los estados y ha acusado al departamento de ser un “semillero de radicales, fanáticos y marxistas”. No obstante, durante su primer mandato utilizó la agencia para promover su agenda, presionando a escuelas y universidades en temas como la participación de atletas transgénero en deportes femeninos, el activismo propalestino y los programas de diversidad. Más aquí: Tensión entre EE. UU. y Maduro: habrá más sanciones si rechaza a deportados
Resistencia en el Congreso
A pesar de su insistencia, Trump podría enfrentar dificultades para ejecutar el cierre sin el respaldo del Congreso. Incluso algunos de sus aliados han cuestionado la viabilidad de la medida sin un proceso legislativo formal.
Durante su primer mandato, la entonces secretaria de Educación, Betsy DeVos, intentó reducir drásticamente el presupuesto de la agencia y propuso que toda la financiación K-12 se distribuyera en subvenciones estatales con mayor flexibilidad de gasto. Sin embargo, su propuesta fue bloqueada, incluso por algunos legisladores republicanos.
El anuncio de la orden ejecutiva podría intensificar el debate sobre el futuro de la educación en Estados Unidos y marcar el inicio de un nuevo pulso entre la administración de Trump y el Congreso.