España dará un paso clave en materia migratoria a partir de 2026, tras la aprobación de un real decreto que permitirá la regularización de cerca de 500.000 inmigrantes que actualmente se encuentran en situación irregular. La medida fue impulsada por el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y pactada con el partido Podemos, con el objetivo de garantizar derechos, estabilidad laboral y seguridad jurídica a miles de personas.
El anuncio fue confirmado por el Ejecutivo español luego de que la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, adelantara los detalles del acuerdo. Según lo establecido, podrán acogerse a este proceso todas las personas extranjeras que se encuentren en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que logren acreditar al menos cinco meses de residencia continuada en el país. Lee también: ¿Tienes uno de estos apellidos? Podrías solicitar nacionalidad española en 2025.
Así será el proceso para la regularización de inmigrantes en España en 2026
Uno de los puntos más relevantes del decreto es la flexibilización de los mecanismos para demostrar la residencia. Además del empadronamiento municipal, los solicitantes podrán presentar informes médicos, contratos de servicios públicos como luz o agua, certificados de envíos de dinero o cualquier otro documento válido. Esta ampliación responde a las dificultades que enfrentan muchos migrantes para registrarse oficialmente en los municipios.
La admisión a trámite de la solicitud otorgará de manera automática una autorización de residencia y trabajo por un año, lo que permitirá a los beneficiarios incorporarse legalmente al mercado laboral. Además, durante ese periodo quedarán suspendidas las órdenes de expulsión o los procesos de retorno derivados de infracciones administrativas o de haber trabajado sin permiso.
Al finalizar el año de vigencia del permiso inicial, las personas regularizadas podrán solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería vigente en España, consolidando así su estatus legal.
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señalaron que esta decisión busca reconocer una realidad social existente, reducir la economía sumergida y fortalecer la integración. Al tratarse de un real decreto, la norma no requiere aprobación del Congreso, lo que agiliza su entrada en vigor.
Este proceso se suma a otros ocho programas extraordinarios de regularización implementados en España desde los años ochenta, que han permitido a más de un millón de extranjeros acceder a documentación legal y derechos laborales.