Luego de las constantes críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la influencia de China en el canal de Panamá y las presuntas presiones al Gobierno panameño para que tomara determinaciones al respecto, el Tribunal Supremo de este país declaró inconstitucional el contrato otorgado a la empresa de Hong Kong ‘CK Hutchison para operar dos puertos cerca del canal, una licencia que les fue dada en 1997 y fue prorrogada en los últimos meses.
La Corte difundió su decisión en una publicación en redes sociales en la que indicó que tras una “amplia deliberación y discusión” de las demandas de inconstitucionalidad presentadas por la interventora general, Anel Flores, “contra la Ley, sus adendas y el acto de prórroga”, que rigen los citados contratos portuarios, “en cumplimiento de su obligación como guardiana de la Constitución, ha decidido declarar que son inconstitucionales”.
Asimismo, el tribunal argumentó que los citados documentos legales atañen al “contrato de concesión entre el Estado y la sociedad Panamá Ports Company” (PPC), filial de ‘CK Hutchison’, “para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias de los puertos de Balboa y Cristóbal”.
Son estos dos puertos los que están en el centro de una lucha de poder entre Estados Unidos y China, en la que Donald Trump basa sus comentarios sobre la influencia asiática sobre el canal y con base a ello, amenazó con ponerlo bajo el control estadounidense, mientras que el presidente panameño, José Mulino, ha defendido reiteradamente el canal como una operación panameña sobre la cual el país tiene el control total.
Decisión tras amenazas de Donald Trump
La interventora general presentó en 2025 una demanda contra la última prórroga del contrato para ambas terminales alegando que el acuerdo le costó a Panamá más de $1.000 millones de dólares en ingresos fiscales perdidos, así como que la filial Panama Ports no había logrado las aprobaciones necesarias para beneficiarse de la extensión contractual.
En este momento, ‘CK Hutchison’, que pretendía ceder los puertos de Balboa y Cristóbal como parte de su negocio global de terminales a un consorcio liderado por el fondo de inversión estadounidense ‘BlackRock’ y la italiana Terminal ‘Investment’, tiene escasas opciones, ya que la decisión del Tribunal Supremo es inapelable, por lo que apenas podría presentar una petición de aclaraciones o, por otra parte, solicitar un arbitraje internacional.
La decisión tiene lugar un año después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con tomar el control del crucial paso, alegando que estaba efectivamente bajo control chino y, por lo tanto, representaba una amenaza para la seguridad. Le podría interesar: Donald Trump reactiva vuelos comerciales en el espacio aéreo venezolano
El fallo podría obligar a Panamá a reestructurar el marco legal necesario para celebrar contratos de operaciones portuarias y potencialmente requerir nuevas licitaciones para operar las terminales.
PPC ha negado todas las acusaciones y también rechazó la decisión del tribunal. “El nuevo fallo carece de fundamento legal y pone en riesgo no solo a PPC y su contrato, sino también el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas que dependen directa e indirectamente de la actividad portuaria”, señaló la compañía en un comunicado.