Al menos 431 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde comienzos de enero, según un balance presentado este martes por la organización no gubernamental Foro Penal, que lidera la defensa legal de personas detenidas por razones políticas en el país.
La ONG informó que ha podido verificar estas excarcelaciones entre el 8 de enero y el martes 10 de febrero a las 18:00 hora local (22:00 GMT), luego de que el Gobierno anunciara un proceso de liberaciones. El registro, aclaró la organización, excluye a quienes siguen bajo algún tipo de privación de libertad.
Foro Penal precisó que “no se consideran excarcelaciones los casos en que, tras salir de un centro de reclusión, la persona permanece privada de libertad bajo arresto domiciliario”, al insistir en que este tipo de medidas no representa una liberación plena. Más temprano, la ONG reiteró que “no hay libertad” cuando se imponen “medidas restrictivas”, y sostuvo que “estos mecanismos sistemáticos de control represivo” deben cesar. Lea: Venezuela anuncia liberación de presos políticos esta semana
El reporte se conoce días después de que varios dirigentes y activistas políticos salieran de prisión, entre ellos el exdiputado Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder opositora María Corina Machado, y Perkins Rocha, asesor jurídico de la mayor coalición opositora. No obstante, ambos permanecen bajo arresto domiciliario.
En el caso de Guanipa, fue detenido nuevamente el mismo día de su excarcelación y trasladado a su vivienda, luego de que la Fiscalía señalara un presunto incumplimiento de medidas cautelares.
Ley de amnistía genera alertas entre familiares y ONG
Mientras avanzan las excarcelaciones, el Parlamento prevé aprobar esta semana una ley de amnistía, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y ya avalada en primera discusión. Sin embargo, familiares de presos políticos advirtieron que “más de la mitad” de los detenidos quedarían excluidos del proyecto, ya que no contempla arrestos ocurridos en 2018, 2020, 2021, 2022 y 2023, años en los que, aseguran, se concentra la mayoría de los casos registrados.
Aunque la propuesta establece un marco general entre 1999 y enero de 2026, el artículo 6 delimita diez períodos específicos de coyuntura política, lo que dejaría por fuera a un número significativo de presos políticos. Varias ONG también han cuestionado el texto al considerar que presenta “contradicciones” y “conflictos de intereses”.