El Gobierno de El Salvador anunció que este 26 de abril, empezará a regir las reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea Legislativa de este país y firmadas por el presidente Nayib Bukele, que incluyen la sentencia a prisión perpetua para los menores de edad, a partir de los 12 años, que sean condenados por delitos graves.
Los congresistas definieron que esta cadena perpetua será aplicada a los ciudadanos que sean hallados culpables definitivos en delitos como homicidio, feminicidio o violación. Estas reformas constitucionales motivaron reformas a otras leyes como el código penal y procesos penales, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo y la Ley Penal Juvenil.
Dentro de las modificaciones también está la Ley Orgánica Judicial, el cual transforma los juzgados de menores en instancias de lo criminal, para estudiar los casos a los que quieran aplicar esta cadena perpetua. Pues se establecerá un sistema de revisión para los casos en los que se deseen aplicar esta sanción penal.
Organismos de derechos humanos rechazan la iniciativa
Organizaciones como el ‘Comité de los Derechos del Niño’ y el ‘Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia’, declararon una “profunda preocupación” por la confirmación de la cadena perpetua. Le podría interesar: El Salvador aprueba la cadena perpetua: Congreso ratifica reforma constitucional
Estas agrupaciones consideran que los adolescentes en problemas con la ley tienen derecho a recibir un trato que “priorice su rehabilitación y reintegración” y que la cárcel sea el “último recurso y durante el menor tiempo posible”.
Así mismo, la oficina de ‘Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos’ insistió a las autoridades del país que se “revise con prontitud”, los cambios a la Constitución que siguen generando más “preocupaciones” que “tranquilidades”.
El Salvador en estado de emergencia
Este país se encuentra desde 2022 en un estado de emergencia, lo que permite la suspensión de derechos constitucionales y ha dado licencia a las autoridades para adelantar encarcelamientos masivos, que también son criticados por organizaciones de derechos de El Salvador y por organismos internacionales.
En este momento son más de 90.000 los ciudadanos que han sido encarcelados en los últimos 4 años, pese a que el presidente Nayib Bukele indica que un 10 % de estas personas han sido liberadas.