El Gobierno de Venezuela anunció un nuevo ajuste en el ingreso de los trabajadores, en medio de un contexto marcado por el deterioro del poder adquisitivo y las constantes demandas sociales por mejoras salariales. La medida eleva el llamado ingreso mínimo integral —que combina salario base y bonificaciones— hasta los 240 dólares mensuales, lo que ha desatado reacciones inmediatas en el escenario político del país.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, defendió la decisión al asegurar que se trata del “aumento más importante en los últimos años”, en referencia a 2018, y sostuvo que el ajuste cuenta con mecanismos de financiamiento diseñados para evitar efectos negativos en la inflación. Lea: Jugada clave: Delcy Rodríguez solicita acceso total a los fondos de Venezuela
Dentro del paquete anunciado, el Ejecutivo incluyó también un incremento en las pensiones, que suben un 40% hasta alcanzar “un equivalente a 70 dólares”. De acuerdo con el Gobierno, este ajuste representa “un avance necesario para los sectores más vulnerables”, al tiempo que reiteró su intención de seguir aumentando los ingresos de manera progresiva, dependiendo del comportamiento de la economía nacional.
La medida contempla además la creación de un Bono de Reconocimiento Profesional con carácter retroactivo al 30 de abril. Este incentivo estará dirigido inicialmente a sectores considerados estratégicos dentro de la administración pública, con el objetivo de “dignificar la labor técnica y profesional, estableciendo escalas salariales que se expandirán progresivamente a otras áreas”.
Aumento del ingreso mínimo en Venezuela desata críticas
Desde la oposición, el líder Edmundo González cuestionó el alcance del anuncio y advirtió que no representa una solución real para los trabajadores. “cambiar los nombres no cambia la realidad”, afirmó, al considerar que el ajuste no responde a las necesidades económicas de la población.
El dirigente también señaló que el Gobierno dispone de recursos “para sostener estructuras de control y para la persecución sindical”, mientras persiste una profunda brecha entre los ingresos y el costo de vida. A su juicio, el incremento anunciado apenas cubriría una parte de la canasta alimentaria, lo que limita su impacto en las condiciones de vida de quienes dependen de estos ingresos.