La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes una reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que eleva de 20 a 32 el número de magistrados del máximo tribunal del país. La medida fue respaldada por unanimidad durante la sesión parlamentaria encabezada por Jorge Rodríguez, presidente del Legislativo y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Con la modificación legal, la Sala Constitucional pasará a estar integrada por siete magistrados, mientras que las demás salas del TSJ contarán con cinco miembros cada una. Desde el oficialismo, la reforma fue presentada como un mecanismo para reforzar la capacidad operativa del Poder Judicial y reducir el retraso en la resolución de casos acumulados en el alto tribunal. Lea: Donald Trump promete liberar “a todos” los presos políticos en Venezuela
Durante el debate parlamentario, el chavismo defendió la iniciativa argumentando que busca modernizar la estructura judicial y responder a las “crecientes demandas sociales”. La reforma ocurre además en medio de un nuevo proceso para designar magistrados, luego de varias renuncias y jubilaciones registradas en semanas recientes.
Reforma del TSJ reabre debate sobre independencia judicial
La Asamblea Nacional había conformado en abril una comisión preliminar encargada de seleccionar al Comité de Postulaciones Judiciales, organismo que deberá evaluar a los candidatos a ocupar las nuevas vacantes en el TSJ. El grupo está presidido por el militar retirado Giuseppe Alessandrello, diputado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), situación que ha provocado cuestionamientos desde sectores opositores y organizaciones no gubernamentales.
Las críticas también se intensificaron luego de la reciente reelección de Caryslia Beatriz Rodríguez como presidenta del TSJ. La magistrada fue una de las figuras que respaldó la proclamación de Nicolás Maduro como presidente tras las elecciones de julio de 2024, proceso que estuvo marcado por denuncias de irregularidades y reclamos internacionales para que se publicaran las actas electorales.
Desde sectores opositores se insistió en que el principal problema del sistema judicial venezolano no radica en la cantidad de magistrados, sino en la independencia de los tribunales frente al poder político. Durante la discusión legislativa, parlamentarios disidentes señalaron que la reforma no resuelve las denuncias sobre la politización de la justicia en el país.