Este jueves, 21 de mayo de 2026, la Administración de Inmigración y Control de aduanas (ICE) de Estados Unidos anunció el arresto de la ciudadana cubana Adys Lastres Morera, hermana de un alto ejecutivo del conglomerado militar cubano Gaesa, tras revocarle su residencia permanente, al acusarla de colaborar con el régimen de La Habana y representar una amenaza para la seguridad nacional.
La noticia también fue confirmada por Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, quien aseguró a través de su cuenta de X, antes Twitter, que la mujer capturada “estaba gestionando activos inmobiliarios y viviendo en Florida, mientras también ayudaba al régimen comunista de La Habana”. Le puede interesar: Miguel Díaz-Canel desafía a Donald Trump con contundente mensaje sobre Cuba
“Me complace anunciar que hoy fue arrestada y ahora está bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos”, indicó Rubio en el mismo mensaje publicado en la red social en mención.
Y agregó: “No habrá ningún lugar en esta Tierra —y mucho menos en nuestro país— donde los extranjeros que amenazan nuestra seguridad nacional puedan vivir lujosamente".
Adys Lastres Morera is the sister of the Executive President of GAESA, the Cuban military-controlled financial conglomerate that steals millions in aid for the Cuban people at the behest of the regime.
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 21, 2026
Morera was managing real estate assets and living in Florida, while also…
Estados Unidos buscaría tumbar el régimen cubano
De acuerdo con el secretario Rubio, el conglomerado financiero Gaesa, al que pertenece Adys Lastres Morera, es controlado por el Ejército de Cuba y “roba millones en ayuda para el pueblo cubano por orden del régimen”.
Además, las autoridades estadounidenses aseguran que la hermana de Adys Lastres Morera, Ania Guillermina Lastres Morera es la “presidenta ejecutiva de Gaesa, una organización corrupta que controla el 70% de la economía cubana”.
Estados Unidos ha aplicado medidas para presionar al Gobierno cubano, especialmente contra dirigentes, empresas estatales y estructuras militares como Gaesa, tales como: sanciones económicas y restricciones financieras, limitaciones de visas y residencia a funcionarios o personas vinculadas al Gobierno cubano, e investigaciones por presuntos vínculos con corrupción, represión o violaciones de derechos humanos.