El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Aimer Alberto Alvarán Posada, ciudadano colombiano de 52 años y señalado como miembro de alto nivel del Bloque Occidental del Clan del Golfo, fue condenado a 150 meses de prisión por su participación en una conspiración para el tráfico de cocaína con destino a territorio estadounidense.
De acuerdo con los documentos judiciales citados por la autoridad estadounidense, Alvarán Posada participó en 2018 en una operación para producir 500 kilogramos de cocaína destinados a compradores mexicanos, con conocimiento de que el cargamento tendría como destino final los Estados Unidos.
El comunicado señala que el hoy condenado obtuvo la autorización del comandante del Bloque Norte del Clan del Golfo, en cuya jurisdicción se desarrollaría la transacción, y presidió varias reuniones para coordinar la operación de narcotráfico.
Como resultado de la investigación, las autoridades lograron la incautación de aproximadamente 363 kilogramos de cocaína.
Según el Departamento de Justicia, mientras participaba en la conspiración, Dairo Antonio Úsuga David, entonces máximo líder del Clan del Golfo, le comunicó a Alvarán Posada que estaba siendo considerado para asumir el mando del Bloque Occidental de la organización.
Ese ascenso le habría permitido controlar una amplia red de subordinados, fijar los precios de la cocaína y decidir quién podía producir y transportar droga dentro de ese territorio.
Arresto, extradición y condena de Alvarán Posada
Alvarán Posada fue capturado en 2021 en cumplimiento de los cargos presentados por Estados Unidos y posteriormente fue extraditado a ese país.
El 27 de agosto de 2025 se declaró culpable del delito de conspiración para el tráfico de cocaína. Finalmente, recibió una condena de 150 meses de prisión.
Investigación con apoyo de Colombia
La investigación estuvo a cargo de la oficina del FBI en Miami y contó con el apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Oficina del Agregado Jurídico del FBI en Bogotá, la Oficina del Agregado Judicial en Bogotá y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El caso fue procesado por la Sección de Lavado de Activos, Narcóticos y Decomiso de Bienes de la División Criminal.
El Departamento de Justicia indicó que este proceso hace parte de la iniciativa de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF), creada para investigar y judicializar a organizaciones criminales transnacionales, carteles de la droga y redes de tráfico y trata de personas que operan dentro y fuera de Estados Unidos.