Estados Unidos amplió este miércoles su ofensiva contra la Corte Penal Internacional (CPI) con sanciones a su presidenta, Tomoko Akane, y el abogado senegalés de la fiscalía Abdoulaye Seye, en una nueva medida del Gobierno de Donald Trump contra el tribunal.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, informó que las sanciones entran en vigor este miércoles. La dependencia autorizó además operaciones limitadas relacionadas con cuentas de Akane y Seye para completar y liquidar transacciones pendientes hasta el próximo 17 de septiembre.
Las restricciones también alcanzan las operaciones con entidades en las que cualquiera de las dos personas sancionadas tenga, de manera directa o indirecta, individual o conjuntamente, una participación de al menos el 50 %, según precisó la OFAC en su comunicado.
Akane ocupa la presidencia de la CPI y desempeña principalmente tareas institucionales y de representación. En el caso de Seye, la información disponible lo vincula con la supervisión de investigaciones de la fiscalía relacionadas con la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania y el suministro de armas a colonos, asuntos particularmente sensibles para Washington. Lea: Trump confirma que no hay conversaciones previstas con Irán tras expirar el acuerdo
El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la decisión y sostuvo que la Administración Trump considera que la CPI ha excedido sus competencias. “La Administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal supranacional corrupto y profundamente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en su mandato. No toleraremos su ataque a la soberanía estatal”, afirmó en un comunicado.
La medida cumple con lo anticipado por Rubio en julio, cuando anunció que Estados Unidos intensificaría durante las semanas siguientes su campaña contra la CPI. Trump había abierto un nuevo frente contra el tribunal tras regresar a la Casa Blanca y, en febrero, firmó una orden ejecutiva que calificó determinadas actuaciones de la corte como una “amenaza” para la seguridad nacional.
Esa orden ha servido de base para las sanciones adoptadas hasta ahora contra fiscales y jueces de la CPI, además de las medidas dirigidas contra Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Palestina, y tres organizaciones palestinas dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
La política estadounidense también se ha dirigido contra actuaciones de la CPI relacionadas con el Ejército de Estados Unidos en Afganistán y contra las órdenes de detención emitidas por el tribunal contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.
Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la CPI para juzgar a ciudadanos estadounidenses porque nunca ha firmado el Estatuto de Roma, tratado que establece el marco jurídico del tribunal. La Administración Trump sostiene la misma posición respecto de Israel y sus ciudadanos, al señalar que ese país tampoco es Estado parte del Estatuto de Roma. Lea también: Irán no abrirá el estrecho de Ormuz hasta que EE. UU. cumpla este acuerdo
¿Qué dijo la CPI tras las sanciones contra Tomoko Akane?
La Corte Penal Internacional (CPI) advirtió este martes de que las nuevas sanciones impuestas hoy por Estados Unidos contra la presidenta del tribunal, Tomoko Akane, y un miembro de la Fiscalía “socavan el Estado de derecho” y ponen en riesgo el orden jurídico internacional.
“Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional”, señaló la CPI en una breve reacción remitida a la prensa internacional en La Haya, después de que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara nuevas medidas contra miembros del tribunal.
Las sanciones afectan a Akane, jueza japonesa y presidenta de la CPI, y al senegalés Abdoulaye Seye, abogado principal litigante de la Oficina del Fiscal.
“Las medidas dirigidas contra jueces, fiscales y miembros del personal que trabajan para cumplir el mandato encomendado a la CPI por los Estados socavan el Estado de derecho”, añadió el tribunal. Lea también: Donald Trump publica un mapa de Ormuz como “nuevo territorio” de Estados Unidos
Estados Unidos incluyó hoy a ambos funcionarios en su lista de sanciones, dentro de la campaña de presión de Washington contra la CPI por sus investigaciones relacionadas con Israel y Afganistán.
La CPI rechazó estas presiones y aseguró que continuará desempeñando sus funciones “con independencia e imparcialidad” y de acuerdo con el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal.
“La Corte no se dejará intimidar y mantiene su firme respaldo a su personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables”, reiteró el tribunal en una reacción similar a la que hizo pública cuando se anunciaron sanciones previas contra otros de sus jueces y fiscales.
En febrero del año pasado, el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva que abrió la puerta a medidas económicas y restricciones contra personas vinculadas con determinados casos que investiga la CPI.