Este lunes, 5 de octubre, en una comparecencia en el palacio de la Moncloa, el presidente de España, Pedro Sánchez, anunció la disolución del Parlamento y el adelanto de las elecciones generales.
Según se conoció, Sánchez tomó esta decisión tras la derrota parlamentaria de dos decretos sobre vivienda presentados al Congreso por su Gobierno el pasado viernes, y la movilización social producida por el desahucio en Madrid de una mujer de 87 años de la casa donde vivía.
Así las cosas, las elecciones generales en España quedaron programadas para el próximo domingo, 29 de noviembre.
Sánchez defiende su gestión y llama a los españoles a decidir el rumbo del país
En medio de su intervención, Sánchez defendió el trabajo de su Gobierno durante la legislatura y convocó a los españoles a decidir si quieren que España se sume a la “ola ultraderechista” que involuciona y recorta derechos o desean que el país siga siendo “un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental”.
Sánchez, que informó ayer al rey del adelanto electoral, aseguró que su Gobierno había tomado “medidas valientes” durante estos años para reforzar el Estado del bienestar, sin sacrificarlo a un aumento del gasto militar de 5 %, como exigen EE. UU. y la OTAN, también para construir “un mundo mejor” frente a “tiranos”, “tecnooligarcas” y “genocidas”.
El presidente español también reconoció que su Gobierno ha cometido “errores” y que no ha podido cumplir todos los objetivos que se había propuesto durante la legislatura.
Según explicó, esta situación influyó en su decisión de adelantar las elecciones, con la intención de conseguir una mayoría progresista más amplia que le permita “doblegar a las élites”, impulsar nuevos avances sociales y “seguir transformando” España.
Rechazo de decretos sobre vivienda precipitó la decisión
El viernes pasado, el jefe del Ejecutivo había abierto un periodo de análisis para decidir si adelantaba las elecciones, después de que el Congreso rechazara dos decretos relacionados con el alquiler de vivienda.
Las medidas buscaban responder a los altos precios que enfrenta este sector desde hace varios años. Sin embargo, fueron rechazadas por la oposición conservadora y la extrema derecha, además de los independentistas catalanes de Junts.
El voto de Junts fue determinante para que las propuestas del Gobierno no salieran adelante, en un escenario en el que el Ejecutivo tiene dificultades para conseguir apoyos parlamentarios.
Protestas por el precio de la vivienda
El debate y la votación de los decretos se produjeron en medio de un aumento de las protestas sociales por la situación de la vivienda.
En varias ciudades españolas se realizaron manifestaciones y acampadas para reclamar el derecho a una vivienda digna y con precios asequibles. Una de las principales movilizaciones tuvo lugar en Madrid.
Los manifestantes también reclamaron medidas para impedir el desahucio de personas que se encuentren en situaciones de precariedad socioeconómica.
Un Gobierno sin mayoría parlamentaria
Hasta ahora, Sánchez había sostenido que las elecciones generales se celebrarían en 2027, cuando terminara la legislatura iniciada en 2023, pese a las dificultades que ha enfrentado su Gobierno para sacar adelante sus iniciativas.
El Ejecutivo está conformado por una coalición entre los socialistas y Sumar, de izquierda, pero no cuenta con mayoría parlamentaria.
Esta situación ha obligado al Gobierno a buscar acuerdos con otras fuerzas políticas para aprobar sus iniciativas, una tarea que se había complicado cada vez más, especialmente por la falta de apoyo de Junts.
