La comunidad colombo-palestina expresó su rechazo a la decisión de abrir la Embajada de Colombia en Jerusalén y pidió al Gobierno Nacional explicar los fundamentos jurídicos, diplomáticos y estratégicos de la medida.
En un comunicado de prensa, la organización advirtió sobre las implicaciones de esta decisión para la política exterior colombiana, el derecho internacional y los esfuerzos por alcanzar una paz duradera en Medio Oriente. Lea: Palestina condena apertura de la embajada de Colombia en Jerusalén y pide revertirla
La comunidad sostuvo que Jerusalén tiene un estatus particular en el marco jurídico internacional y que su situación debe abordarse de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas y los derechos del pueblo palestino.
«Jerusalén no puede ser escenario de decisiones unilaterales: Colombia debe defender el derecho internacional y la paz», señaló la comunidad en el documento, en el que expuso ocho razones para oponerse a la apertura de la sede diplomática.
Las razones del rechazo a la embajada en Jerusalén
Entre sus argumentos, la comunidad colombo-palestina considera que la decisión se aparta de la tradición diplomática colombiana de respaldar la solución de dos Estados y podría debilitar los esfuerzos de negociación para alcanzar una paz justa y duradera.
También cuestionó el impacto de la medida sobre la credibilidad internacional de Colombia y su coherencia frente a las resoluciones 476 y 478 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relacionadas con el estatus de Jerusalén.
El comunicado señala que la política exterior debe responder al interés nacional, al respeto del derecho internacional y a la búsqueda de la paz. En ese sentido, la comunidad manifestó que no encuentra una justificación estratégica o pragmática suficiente para la decisión.
Otro de los puntos expuestos se relaciona con la situación humanitaria en Gaza y las condiciones de la población palestina en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Según la organización, la apertura de la embajada envía un mensaje político inoportuno en un contexto marcado por las denuncias sobre violaciones de derechos humanos y las exigencias de rendición de cuentas ante instancias internacionales.
La comunidad también advirtió sobre las consecuencias que, a su juicio, podría tener la medida frente a las políticas de asentamientos, el desplazamiento de habitantes palestinos y la transformación de la identidad histórica, cultural y religiosa de Jerusalén.
Piden garantías consulares para colombianos en Cisjordania
Además de solicitar explicaciones públicas sobre los motivos de la decisión, la comunidad colombo-palestina pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores garantizar la atención consular a los colombianos residentes en Cisjordania.
De acuerdo con el comunicado, cerca de 1.500 connacionales viven en ese territorio y enfrentan restricciones para desplazarse a Jerusalén debido a las medidas impuestas por el Gobierno israelí.
La organización considera que sus preocupaciones deben ser escuchadas en las decisiones de política exterior, debido a los vínculos familiares, históricos y culturales que mantienen con Palestina.
«No pretendemos un poder de veto sobre la política exterior del Estado, sino que seamos reconocidos como parte integral de la sociedad colombiana y se nos garantice que nuestras preocupaciones sean tomadas en serio», afirmó la comunidad.
La comunidad pide una política exterior coherente con el derecho internacional
En el cierre del documento, la comunidad colombo-palestina sostuvo que la defensa de los derechos del pueblo palestino no debe entenderse como una cuestión religiosa o una disputa partidista, sino como un asunto relacionado con la legalidad internacional, la dignidad humana, la justicia y la paz.
Asimismo, reiteró su compromiso con Colombia, la convivencia democrática y una política exterior autónoma y respetuosa de los principios que el país ha defendido históricamente.
La organización insistió en que el Gobierno debe explicar públicamente las razones de la apertura de la embajada y garantizar que las decisiones diplomáticas tengan en cuenta sus implicaciones jurídicas, políticas y humanitarias.
