Apenas tres días antes de la toma de posesión prevista del nuevo gobierno en Guatemala, la vicepresidenta electa, Karin Herrera, recibió un amparo de protección ante informaciones sobre una supuesta orden de aprehensión contra ella solicitada por la fiscalía, el mismo día en que fue detenido el exministro de Gobiernación por no haber desalojado a los manifestantes que rechazan la arremetida judicial al proceso electoral.
La vicepresidenta electa anunció el jueves que la Corte de Constitucionalidad le otorgó un amparo provisional que ella misma solicitó en busca de protección, por tener inmunidad, ante una supuesta orden de aprehensión que emitió la fiscalía, quien la señala de haber incitado a estudiantes universitarios a tomar la universidad pública durante un año. Lea aquí: Netanyahu: “Israel es acusado de genocidio mientras lucha contra el genocidio”
También el jueves, el exministro de Gobernación de Guatemala, Napoléon Barrientos, fue detenido a petición de la fiscalía que lo acusa de presunto incumplimiento de deberes por no acatar una orden de la Corte de Constitucionalidad para desalojar a manifestantes que protestaban contra las acciones judiciales emprendidas contra el proceso electoral y en reclamo de la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. Lea aquí: Video: dos personas mueren tras incendio “terrorista” en discoteca de Ecuador
Luis Almagro, secretario general de la OEA, dijo en un mensaje en la red social “X” que “la incertidumbre y desconfianza institucional que han acompañado a Guatemala desde los resultados de las elecciones generales de 2023 deben cesar”.
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Brian Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo en en conferencia de prensa virtual a periodistas que para su gobierno una transición democrática del poder en el país centroamericano es clave y que todos aquellos que hayan participado en intentar bloquearla deberán enfrentar a la justicia.
Sobre la detención de Barrientos, la fiscalía dijo en un mensaje de texto enviado a periodistas que es por no “cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público”. El ente judicial allanó la vivienda del exfuncionario por la mañana.