El mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, respaldó la entrada de un operativo policial en la Embajada de México en Quito esta madrugada para arrestar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. Noboa argumentó que la previa condena contra Glas tiene prioridad sobre su condición de asilado político, la cual el presidente ecuatoriano también cuestionó.
“Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político”, afirmó Noboa en un comunicado emitido después de la operación llevada a cabo por la Policía de Ecuador en la Embajada. Este incidente provocó que México rompiera de inmediato relaciones con el Gobierno ecuatoriano al interpretar la incursión como una violación a su soberanía territorial. Lea aquí: México rompe lazos diplomáticos con Ecuador tras incursión policial en embajada
“Toda embajada tiene una sola finalidad: servir como un espacio diplomático con el objetivo de estrechar las relaciones entre los países. Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad”, señaló el presidente ecuatoriano.
Noboa, en su comunicado difundido en redes sociales una hora antes de que la ministra de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, anunciara la ruptura de relaciones, señaló que la diplomacia mexicana ha abusado de las inmunidades y privilegios al otorgar a Glas un “asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional”. También reiteró que Glas había sido condenado con sentencia ejecutoriada y contaba con una orden de captura emitida por las autoridades competentes. Lea aquí: “Vamos a mover cielo y tierra para reconstruirlo”: Biden sobre puente de Baltimore
“Reiteramos nuestro respeto al pueblo mexicano que comparte nuestro sentir por la lucha contra la corrupción que afecta a nuestros países”, concluye el comunicado de Presidencia de Ecuador.
Glas se encontraba en la sede diplomática mexicana desde mediados de diciembre, alegando preocupación por su seguridad y libertad personal. La Embajada lo recibió como huésped y sus abogados informaron semanas atrás sobre una solicitud formal de asilo político.
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Esta acción del exvicepresidente se produjo después de que la Policía Nacional ordenara su detención para interrogarlo ante la Fiscalía por presunta malversación de fondos públicos en la reconstrucción de la provincia de Manabí tras el terremoto de 2016, que dejó más de 670 fallecidos.
Además, en un proceso separado, Glas fue condenado en diciembre de 2017 a seis años de prisión por su participación en la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, durante su periodo de reelección.
En 2022, Glas fue liberado condicionalmente tras obtener un recurso de habeas corpus.