El Embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Gabriel Silva Luján, parece defensor de oficio del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, en los procesos judiciales en los Estados Unidos, solicitando para él inmunidad absoluta.
La carta la envió Silva Luján el 12 de noviembre, dirigida a Gregory Craig, abogado de Uribe en Estados Unidos. Dice un aparte: "Quiero informarle que el gobierno de Colombia ha decidido retener y ejercer todas las inmunidades aplicables al presidente Uribe y, especialmente, se ha pedido inmunidad como jefe de Estado. Además, le hemos pedido al Departamento de Estado asistencia en la preparación y entrega de una Sugerencia de Inmunidad para ser entregada a la Corte Federal, y para tomar todos los pasos necesarios para aplastar esta citación", escribe Silva.
Uno se pregunta si “aplastar” sea apropiada para un comunicado de un funcionario alto. La acción del Embajador podrían interpretarla los organismos judiciales de USA, como desconfianza en su sistema. ¿Acaso el gran país del norte es incapaz de garantizarle, en su territorio, un juicio justo a cualquier individuo? Uno de los primeros actos públicos del nuevo Embajador en EUA fue dudar de la eficacia del sistema judicial del gobierno que aceptó sus credenciales. Cualquiera llamaría a esto: imprudencia.
Álvaro Uribe recomendó a sus subalternos del gobierno anterior, no someterse a las leyes colombianas por supuestas faltas de garantías. Esta desconfianza la extiende ahora a las leyes norteamericanas, convalidada por el gobierno de Santos a través de su Embajador.
Esta inmunidad soberana pedida para Uribe, es una doctrina que evita la persecución por actos cometidos durante su Gobierno y lo exime de declarar ante una Corte de USA. Todo esto ocurre en el litigio de la firma Conrad y Scherer contra la multinacional Drummond por supuesto apoyo a grupos paramilitares y para lo cual solicitó el testimonio del Presidente como parte de ese proceso.
El abogado de las víctimas, Terry Colingsworth, dijo a una cadena radial que esta inmunidad sólo se otorga a mandatarios en ejercicio. Además, inmunidad e impunidad eran privilegios de las monarquías absolutistas: el rey sólo respondía ante Dios. Hoy la inmunidad opera en casos especiales, en razón al ejercicio del cargo, estableciendo que sea una jurisdicción especial quien juzgue a quienes la gozan.
Qué pensará nuestra prudente Canciller, ¿habrá sido consultada por Silva?, ¿No será el principio de libertades excesivas por parte de Luján, que deberían frenarse a tiempo? ¿La acción fue sugerida por el mismo Uribe, dado que el Embajador Silva fue Ministro de Defensa de su gabinete? ¿Aún es su subalterno?
Parece que se configura un estado paralelo al legítimo, en donde las sugerencias de Uribe (recordar caso de ex directora del DAS y otros ex funcionarios), se toman como órdenes ejecutivas, sobre todo si involucran antiguos servidores de su gobierno, frente a lo cual el gobierno de Santos corre el riesgo de perder credibilidad y confianza.
Es un precedente peligroso. El Gobierno, a través de su embajador, interviene en un proceso judicial normal en una nación soberana. Si quienes imparten justicia en este caso, no son jueces colombianos, ¿a qué se debe la desconfianza de Uribe? El que nada debe, nada teme, dicen en cualquier esquina.
john.junieles@gmail.com
*Escritor y catedrático