La mayoría de los colombianos ya vivimos en grandes ciudades. Pero entendámonos: vivir en ciudades no es lo mismo que ser ciudadanos.
La ciudad, como hecho físico, es apenas una multitud en un campamento. La ciudad, como hecho social, es un modo de vivir. Un modo donde lo privado se refugia en el interior de cada vivienda, pero donde la mayor parte de la vida –el trabajo, la educación, el transporte, la cultura y la recreación– transcurren en espacios públicos y bajo reglas que son, o deberían ser, de carácter público.
Y de aquí nace el malestar hondo de nuestras grandes ciudades: son, sí, el hecho físico –la urbe– pero no son, o apenas son, el hecho social –la polis. Tienen la infraestructura necesaria para dar asiento y sustento a millares de familias, pero la vida colectiva no se rige por una racionalidad colectiva, sino por el entrecruce aleatorio de racionalidades privadas o semipúblicas.
Los grandes protagonistas de la vida urbana colombiana actúan según cuatro lógicas particulares:
1. Los urbanizadores y comerciantes formales tienen la racionalidad del lucro, que supone apropiarse el máximo de beneficios y evitar el máximo de costos asociados con la conservación de los bienes públicos urbanos. Incluso, cuando la estrechez o el colapso de lo colectivo en la ciudad llega a un nivel crítico, la lógica del sector privado desemboca en franca usurpación de lo público.
2. El gigantesco “sector informal” no es en realidad otra cosa que la invasión masiva de lo público ante el empujón de la pobreza. Hacer barrios piratas no es más que ahorrarse el costo de los servicios públicos domiciliarios. Hacer vivienda informal es economizarse la cesión de terrenos y demás reglamentos que protegen el espacio público. Hacer trabajo informal es ocupar las calles, que son espacios públicos, o es evadir los impuestos, que son bienes públicos. Hacer transporte informal es invadir rutas públicas... Precisamente de aquí surge la ambigüedad irresoluble de todas las “políticas” urbanas para regular o siquiera convivir con el hecho apabullante de la informalidad: el sector informal es ilegal, por el hecho simplísimo de que la ley se inventó para defender lo público.
3. La racionalidad electoral de los políticos desemboca en la apropiación privada de la vida pública. Puesto que los partidos en realidad no toman partido en los grandes conflictos de la ciudad, el poder no se concibe como instrumento de cambio social, sino más bien como prebenda para los activistas de cada concejal.
Este tener ciudades físicas pero no tener polis explica por qué nuestra política urbana de hecho ha girado en torno de lo físico -red vial, servicios domiciliarios, vivienda social, transporte- pero no se ocupa sino retórica, marginal e ineficazmente de los grandes temas políticos -o de la polis- comenzando por los problemas de la tierra, el trabajo, la calidad del medio ambiente y la urbe como proyecto colectivo. Explica por qué la planeación -que es pensar el futuro en función pública- es tan débil en la práctica.
En fin, la precariedad de la polis explica por qué el celebrado “milagro bogotano” –la afirmación de lo público bajo Mockus, Peñalosa y Garzón– está siendo borrado por el amiguismo y el clientelismo del alcalde Moreno.
Y es porque no necesitamos más leyes, ni más planes ni más calles ni más demagogos: necesitamos más ciudadanos.