Hoy tenemos millones de desplazados en centros urbanos. El desarraigo del campo es compartido por igual entre campesinos, agricultores y ganaderos tradicionales. La ley de víctimas y restitución de tierras que se debate en el Senado es el primer paso para resarcir esta injusticia histórica, que no dejará dormir tranquilo a ningún gobierno en el futuro, cualquiera sea su tendencia ideológica.
El presidente Santos impulsa esta ley, políticamente correcta y fácil de proponer, pero difícil de hacer cumplir; y menos en el lapso breve de su de vigencia. La injusticia que pretende enmendar podría derivar en otra, igual o peor, con los compradores de “buena fe” sin velas en ese entierro.
Un editorial de El Universal (Feb 9/11) resumió bien los escollos de esta ley que requiere las pinzas delicadas de un cirujano para analizarla. Primero, debe asegurar su “sostenibilidad fiscal” (40 billones de pesos costaría la reparación de todas las víctimas). Las críticas son fuertes, empezando por la fecha de corte para que alguien sea considerado “víctima”: 1980 para unos senadores, 1991 para los nostálgicos de la Constitución.
Los “poseedores de buena fe” quedarían en indefensión, es decir, aquellos que compraron legalmente, al precio justo, sin caer en la violencia y hoy explotan esas tierras, o pretenden hacerlo, en negocios lícitos. ¿Cuántas propiedades cumplen esta condición en las 2 a 6 millones de hectáreas de tierra enajenadas por los violentos que dejan entre 2 a 4 millones de desplazados? Los estimativos varían según la fuente o interés político.
No se ha aprobado la ley de tierras y ya el Gobierno tiene el primer “chicharrón” en los Montes de María (después del valle del Sinú y San Jorge, las tierras más fértiles del Caribe); una “tierra sin ley” donde la corrupción ha hecho tanto daño como la violencia. Allí, el presidente Santos ordenó intervenir la compra masiva de predios: “20 mil hectáreas están en manos de tan solo 7 personas e igual número de firmas”, dijo el gerente del Incoder. El Tiempo (Feb 6/11) dice tener “evidencia de que son más de 75 mil”.
La solución del Gobierno es revertir estos negocios y crear dos reservas campesinas para evitar un desplazamiento mayor que el causado por la violencia. Primero, cada comprador (no el Gobierno) deberá probar que no es especulador de “mala fe” sino un inversionista serio que montará agroindustrias productivas y generadoras de empleo para mejorar la calidad de vida de los campesinos montemarianos, que no incurrió en irregularidades y pagó un precio justo (El Tiempo “constató que la hectárea se empezó a negociar a 300 mil pesos y se revendió a 3 millones y medio”).
Durante el conflicto violento, sin distingo de clase, muchos montemarianos entregaron sus tierras a quien les puso un fusil en la sien. No sería justo que ahora, en el post conflicto, les pase lo mismo con un especulador que, sin asegurarles una vida digna, les ponga un fajo de billetes en el bolsillo.
*Ing. Civil y MBA, Directivo Empresarial
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