El Presidente Santos hizo un interesante planteamiento esta semana en el encuentro realizado en Bogotá por la Jurisdicción Constitucional, "necesitamos una estrategia de cierre que nos saque definitivamente de los ciclos de violencia y haga que la paz sea sostenible y duradera". Ese planteamiento debe asumirse con mucha seriedad. Pero asumir en serio ese reto va más allá de los aspectos jurídicos, aunque por supuesto los incluye.
No debemos olvidar que hay, por lo menos cuatro campos de violencias, que si bien tienen interconexiones y retroalimentaciones, igualmente tienen especificidades. La violencia de las BACRIM –o neo paramilitares- y su estrecha relación con el narcotráfico, la derivada del conflicto interno armado, la violencia asociada a la inseguridad ciudadana y los espacios de la violencia intrafamiliar.
Si bien compartimos la afirmación del Presidente Santos en el sentido que "no podemos tratar los efectos de tres o cuatro décadas de conflicto como un problema de política criminal ordinaria, dispersando las investigaciones en cada uno de los cientos de miles de hechos que se han denunciado, porque así no tendremos ni una verdadera justicia para las víctimas, ni mucho menos esclarecimiento de la verdad", debemos insistir que además de las salidas jurídicas se requieren políticas públicas en lo militar y policial, en lo socio-económico y en lo educativo-cultural. Y por supuesto debería definirse una política pública para eventuales diálogos con los grupos guerrilleros, especificando claramente las condiciones que el gobierno exige para iniciarlos y el marco dentro del cual se moverían los mismos.
En lo jurídico, hay que diferenciar la prioridad de responderle a los desmovilizados del proceso de la ley 1424 que están en una especie de limbo jurídico. Otra prioridad, pero que da un poco más de tiempo es tramitar un marco jurídico para los próximos procesos de desmovilización o de negociaciones con grupos guerrilleros –si se dan las condiciones exigidas por el gobierno-, para estos procesos. Esto, debe estar acompañado de una estrategia militar renovada, eficaz y exitosa en el marco del Estado de Derecho. Adicionalmente debe crearse el ambiente sociopolítico necesario y en esto juega un papel fundamental la ejecución de la ley de víctimas y de restitución de tierras; por ahora sólo hay un marco jurídico pero los desafíos y obstáculos están es en la implementación.
Contra las BACRIM, es fundamental la estrategia policial, incluido un perfeccionamiento continuo de la inteligencia policial, la intervención de grupos de operaciones especiales y políticas de generación de empleo con énfasis en determinadas regiones y una política educativa intensa mostrando que este tipo de actores delincuenciales son tan negativos como cualquier otro.
Para la inseguridad ciudadana son necesarios, además de las estrategias policiales –policía por cuadrantes, inteligencia policial- políticas tendientes a la cooperación ciudadana, incluyendo por supuesto políticas de cultura ciudadana.
Finalmente, se requieren políticas de sanción ejemplarizantes para los casos de violencia intrafamiliar junto con masivas y persistentes campañas educativas en medios de comunicación masiva e instituciones de socialización.
*Profesor Universidad Nacional
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