Se cumplirán 20 años de la Ley 100, que reformó la salud. Dicen que ha sido una Ley mala. Resumiré los hechos para evaluarla, especialmente en Cartagena.
1. Nuestro sistema de salud está entre los mejores del mundo, más del 95% de los colombianos tienen acceso a él.
2. La inversión en salud pasó de 1,8% del producto interno bruto a más del doble. Colombia tiene una inversión en salud de país desarrollado pero, indicadores de país tercermundista. ¿Dónde queda el dinero?
3. Se generaron requisitos mínimos para habilitar instituciones de salud. Esto debería ser bueno. Pero, los CAP de la ESE Cartagena de Indias, los sitios primarios de atención, están al borde del cierre por incumplir tales requisitos. ¿Cómo vigilar la calidad de instituciones privadas si no se puede garantizar la de las públicas? ¿La crisis es tal que es mejor mantener abiertos malos servicios que no tenerlos?
4. Se suponía que el paciente conocería los indicadores de cada institución para escoger, libremente, a cuál asistir, pero no se ha dado.
5. La viabilidad financiera, más que la rentabilidad social, determina la subsistencia de hospitales públicos. Se cerraron muchos en 20 años. Entre ellos, el San Juan de Dios, en Bogotá, con casi 300 años de historia. En Cartagena, el Universitario estuvo cerrado. Heroicamente permanece abierto, sin todos sus servicios.
6. Nacieron Empresas Prestadoras de Salud (EPS). Hace 8 años, 5 de ellas estaban entre las 100 empresas más grandes y superaban los ingresos del Banco de Colombia. La salud se convirtió en mercancía. Las EPS crecieron por: primero, la ley les autorizó captar y manejar los dineros de salud de los colombianos; segundo, se les permitió vender la atención de sus afiliados, en sus clínicas, y formar personal en facultades de medicina y enfermería propias; tercero, la crisis y destrucción inducida al Instituto de Seguros Sociales (ISS). El aseguramiento en manos del capital privado. Hoy las EPS están intervenidas, al borde de la quiebra y/o solicitando pagar con acciones, de cuestionable valor, los servicios adeudados a clínicas y hospitales. El sistema está ilíquido.
7. Competencia desleal, demoras en pagos y tarifas pírricas llevaron al cierre y/o al triste ocaso de algunos hospitales privados cartageneros. Varios apenas se recuperan. Recientemente hubo el cierre parcial de la Clínica San Juan de Dios, regentada por una orden hospitalaria con casi 500 años y que atendía casi 300 urgencias diarias.
8. La formulación médica y los beneficios no dependen de razones médicas sino de las EPS, del empleador y de jueces. Además, hay personas con más derechos de salud que otras.
Un estudio de la Universidad de McMaster reveló que, si Canadá privatizara la salud, cada año costaría 7,2 billones de dólares adicionales y habría cerca de 2.200 muertes más (Canadian Press, junio 7/2004). ¿Igual a Colombia?
Nuestro santanderismo cree, mágicamente, que una ley cambiará la realidad. La ley pudo ser buena, pero la implementación fue pésima. En julio se prometió el cierre de EPS y reformas. Esta semana se dijo algo similar. ¿Será un progresivo retorno al control estatal?
Ojala una labor conjunta de Estado, sociedades científicas y pacientes lo permita, pues si en 20 años pasó todo eso, en poco tiempo no quedaría nada.
*Profesor Universidad de Cartagena
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