A diario nos inundan de noticias que repiten sin cesar la ya trillada “Increíble y triste historia de la cándida Érendida y su abuela desalmada”. Ya no queda ni la vergüenza.
Basta con sintonizar las noticias y enterarse de todos los irregulares procederes llevados a cabo por quienes conforman el Estado en sus tres ramas del poder. Uno es proclive a repasar las historias en cada reunión, tertulia o conversación, pues atañe a nuestras preocupaciones. Lo cierto es que todos sabemos datos de eximia precisión: Qué funcionarios participaron, cuánto se cogieron, quiénes fungieron de cómplices, lugares donde fue planeado, cuánto aportaron para la campaña, qué pidieron a cambio, entre otros.
Sin embargo hay un gran sinsabor dado que lo más evidente y desconcertante es que no pasa nada, todo sigue igual; el grado de inmutación del colombiano es titánico. Alternando con ese desconcierto, se produce otra reacción de mayor inverosimilitud. Recientemente me enteré de una autoridad judicial que negó, por vía acción de tutela –por cierto contrariando el precedente judicial vinculante– la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez de un accionante que tenía 81 años de edad, padecía mal de Párkinson, y sufría problemas severos cardíacos, circunstancias fácticas más que suficientes para proceder, porque además cumplía con todas las exigencias de ley.
Empero la autoridad judicial negó la acción bajo el entendido de que este contaba aún con la vía ordinaria. El accionante impugnó y para sorpresa, el superior, cuerpo colegiado además, confirmó. Bravo. Fanfarrias. Entonces hilvanando recordé cuán difícil era que un juez fallara reconociendo la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías – Art. 99 Ley 50/90 – casi tan utópica como lograr el fallo a favor de la indemnización de que trata el Art. 65 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, o lo tortuoso y quijotesco que puede resultar un proceso judicial pensional, como el de mi Padre, que adquirió el status en el 2001 y aún hoy el fallador demora como si deseara igualarlo con Job.
Uno abre los ojos y queda claro que en este país es mucho más fácil que se cumplan los planes maquiavélicos de los canallas, que los anhelos de quienes esperamos se respeten por las autoridades mismas los derechos de todos representados en las normas. Es más expedito que el presupuesto abra sus “alitas muslos de colores” para las aberrantes maniobras de muchos representantes los tres poderes públicos, que la eficacia de los derechos mismos.
*Director General del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación - Universidad San Buenaventura – Cartagena.
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