El negocio de la contratación (I)

En la Asamblea de Bolívar hay preocupación por su educación oficial. Hay debates de control político, pero además estudios críticos dirigidos a la “Comisión de Educación” de esta corporación.
Es una actitud que valoramos los docentes, directivos docentes y la comunidad educativa. Llevamos años señalando que lo que fue un derecho fundamental es ahora una mercancía para el mejor postor, aduciendo que atrasaría más el desarrollo del país y de nuestras regiones.
Para bien del país ya son muchos los sectores de la sociedad, incluidas valiosas versiones de políticos –tanto en el Concejo de Cartagena como en la Asamblea Departamental-, que rechazan que la educación pública sea un vulgar negocio y que los ejecutivos, los alcaldes –con algunas excepciones- y el gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, quieran poner a funcionar el negocio, pero no piensan cómo mejorar la calidad de la educación pública, que necesita buena infraestructura, docentes de altos conocimientos y garantías a los estudiantes para estudiar tiempo completo.
Lo anterior lo podemos probar con los mismos argumentos y cifras del mencionado estudio crítico sobre la situación de la secretaría departamental de Bolívar, que parece no tener el objetivo fundamental de desarrollar la educación oficial, que es la “prestada por las instituciones educativas propias del Departamento, atendidas con la planta oficial de los directivos docentes y docentes, vinculados mediante acto administrativo de nombramiento (decreto o resolución) a término indefinido, previo concurso de méritos y superación del periodo de prueba para los nuevos y cuya remuneración salarial está a cargo del Sistema General de Participación”, sino la profundización de su privatización.
El fenómeno de privatización de la educación –y de los otros derechos fundamentales- tiene diferentes variables para confundir y dividir a la comunidad. En el caso de “la educación contratada, puede ser: contrato de educación de servicios –se da donde hay docentes oficiales y el contratista es una confesión religiosa-, contrato de administración de planteles –un administrador privado para el plantel-, contrato de concesión –se le entrega toda la responsabilidad al contratista por determinado tiempo, los estudiantes son oficiales, financiados por el Estado, el caso de los megacolegios”, explica el documento, que agrega que “la modalidad de contratación en el sector educativo estatal es de carácter complementario y por consiguiente excepcional…;pero resulta que en 2012 hubo más de 23 mil estudiantes en educación contratada…;y se propone incrementar la cifra en 3 mil más en 2013, colocando al Departamento de Bolívar como el de mayor contratación educativa en el país”.

*Presidente Sudeb  

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