Aunque hay normas que protegen los derechos y promueven la inclusión de las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, no se cumplen. Colombia sigue siendo excluyente y dentro de sus prácticas más cotidianas está el racismo.
Desde la Constitución de 1991, su artículo 55 y la ley 70 de 1993, pasaron 22 y 20 años respectivamente. Aunque hay avances normativos, la sociedad colombiana sigue con brechas profundas. Una cosa es la norma escrita y otra cosa la practicada. Aún hay que trabajar en ser más incluyentes y abrazar la diversidad étnica y cultural como una riqueza.
Necesitamos medidas de Estado para la igualdad de oportunidades e incentivar la inclusión de grupos por fuera de las instancias de poder, tomas de decisiones y representatividad.
Más allá de un discurso étnico-racial, de superioridades e inferioridades o de daños y reparaciones, el Estado debe proveer igualdad de oportunidades, es decir, dar a todos las mismas herramientas, pero el ciudadano debe construir su obra según sus deseos y capacidades para responderle a ese mismo Estado.
Decirlo es fácil y suena idealista, practicar tales ideas puede ser difícil, sobre todo por los intereses de quienes sienten que perderán poder, dinero y representatividad, no sabiendo que la mayor riqueza es ampliar la inclusión. Así se consolidan nuevos mercados, liderazgos, riquezas y nuevas oportunidades. Pero no se pueden controlar dichas fuerzas y a eso le teme el status-quo, perder el control. Pero es el precio del desarrollo. Colombia y los colombianos pueden estar entre los grandes, pero hay que atreverse a dar el salto.
La igualdad de oportunidades se logra con normas e iniciativas que aumenten la representación proporcional e idónea de estos grupos sociales en el Estado, y que incentiven estas mismas medidas en el sector privado. Se logra con leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos y actos administrativos que se cumplan, y con presupuesto suficiente, con indicadores claros, pero sobre todo, con dolientes conscientes de la importancia de hacerlo, porque el compromiso humano hace la gran diferencia.
No es necesario crear nuevas normas por el momento, sino implementar las que hay: reglamentar los capítulos 4, 5, 6 y 7 de la ley 70 de 1993, poner en marcha y reglamentar el documento CONPES 3660 de 2010, reglamentar la consulta previa, ponerle presupuesto a la educación de estos grupos, entre otras que esperan existir y ser aplicadas en la realidad.
*Especialista para el Desarrollo, Máster en Democracias, Federalismo y Multiculturalidad.
edwin.salcedo@hotmail.es