La gran Junta Médica Nacional coordinada por la Academia Nacional de Medicina le envió un documento respetuoso al señor Presidente de la República, a su ministro de Salud y a los miembros del Congreso, “para que inicien desde ahora el esfuerzo que conduzca a la reforma completa del Sistema de Salud en Colombia, sustentado en el marco de la Ley Estatutaria” declarada exequible por la Corte Constitucional.
“La gran Junta considera indispensable enfocar el nuevo Sistema en la persona y sus necesidades, brindarlo contra los intentos de lucrase con los dineros que se le asignan, contribuir a la formación y mantener profesionales adecuados con actualización permanente y remuneración digna, enfocar la atención tanto en la prevención y promoción con el tratamiento integral, articulado desde un amplio nivel primario hasta los servicios de mayor complejidad terciaria”.
Es pertinente señalar que con la implantación de la Ley 100 los entes creados se liberaron de su compromiso en la prevención de las enfermedades, y resaltar que los esquemas usados antes de esa ley, cumplieron un papel importante en las campañas de prevención de la tuberculosis, viruela, sarampión, la fiebre amarilla, etcétera; con datos estadísticos comprobados. Los intermediarios soslayaron esa responsabilidad y ello contribuyó a la reaparición de esas enfermedades en varias regiones del país.
El documento hace hincapié en que es necesaria la reforma; creemos que indudablemente se requiere de una Ley Ordinaria para ubicar debidamente las responsabilidades y el manejo del sistema sin la interferencia de los intereses financieros que llevaron a la crisis la salud en el país. Es menester destacar que para los gremios médicos encabezados por la Academia Nacional de Medicina, y obviamente la de Cartagena, así como la Federación Médica, el análisis de la crisis de la Salud y la imperiosa necesidad de una Reforma ha sido preocupación permanente. Inclusive con las fracasadas “reformitas” que los gobiernos anteriores presentaron al Congreso, frenadas por el intenso lobby de los intermediarios que impedían con maniobras “no sanctas” la aprobación de las mismas y el poco interés del gobierno de entonces en apoyarlas.
En esta oportunidad podemos redoblar esfuerzos y enviar mensajes al ejecutivo y al legislativo, debido a que existe la Ley Estatutaria que protege el derecho fundamental de la salud. Ahora lo que falta es brindar el sistema contra los mercaderes que hicieron su agosto con él y lo precipitaron a la crisis.
*Exdirector de El Universal. Académico de Medicina e Historia.DARÍO MORÓN DÍAZ*dmorond@gmail.com