La reciente suspensión de los diálogos entre el gobierno nacional y las Farc constituye un nuevo escollo en el camino a la paz en Colombia.
Pero anima comprobar que los avances logrados frente a los frustrantes intentos anteriores ofrecen perspectivas halagüeñas para retomar los diálogos.
No es en vano, como muchos sectores opositores creen, imaginar el posconflicto para el país. En éste la recuperación del desarrollo económico y social requerirá la aplicación de reformas por un período largo de tiempo.
Sin embargo, a pesar del “cese al fuego” se mantendría la inercia del conflicto por parte de algunos de los grupos que estaban en disputa y con ello, por supuesto, el desgaste institucional que implica. Diversos estudios han estimado que la probabilidad de retornar al conflicto es tres veces mayor en aquellos países o regiones en los cuales hubo un conflicto interno.
La gestión y manejo del posconflicto no es entonces un tema menor. Este proceso debe mejorar la eficiencia de las instituciones públicas y su capacidad de generar cambios políticos, económicos y sociales que reduzcan las desigualdades.
Como se sabe, una de las consecuencias más traumáticas de las guerras intestinas es el debilitamiento de las instituciones estatales, de su capacidad para proporcionar bienes y servicios públicos, lo cual afecta negativamente el bienestar de la gente.
Si se logran los acuerdos y finaliza el conflicto, ¿cómo se manejarán los recursos que se invertirán en la reconstrucción de las zonas afectadas? ¿Habrá mecanismos transparentes y equitativos para asignar recursos a las localidades y poblaciones víctimas del conflicto? ¿Qué tipo de medidas se tomarán para evitar la apropiación de estos recursos por las redes de corrupción existentes?
Preguntas como estas no sobran, ya que el sector público de Colombia es percibido como corrupto. De hecho, según Transparencia Internacional, el país en 2013 ocupó el puesto 94 entre 177 naciones.
La corrupción se constituye en uno de los obstáculos más incómodos para la construcción de paz. No bastará con la sola firma de los acuerdos, por lo que se necesita erradicar las prácticas y redes de corrupción.
¿Por qué no empezar desde ya a diseñar y poner en práctica medidas para combatirla?
En últimas, con la firma de los acuerdos la capacidad de las instituciones públicas tendrá un contexto más adecuado para debilitar discursos, motivaciones y fuentes de financiación de los actores en conflicto, además de contribuir a promover el crecimiento económico y posibilidades de desarrollo más incluyentes.
*Profesor de la Facultad de Economía y Negocios, UTB
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